LA PAZ, 10 feb (El Libre Observador) – En un caso que evidencia los riesgos del uso indebido de la inteligencia artificial (IA), la Policía Boliviana desarticuló una organización criminal liderada por un recluso que, desde la cárcel, utilizaba esta tecnología para clonar la voz del ministro de Educación, Omar Veliz, y engañar a ciudadanos con falsas ofertas de empleo.
El fraude se originó en La Paz, donde un hombre, haciéndose pasar por el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, contactaba a sus víctimas a través de WhatsApp. Mediante mensajes de voz generados con IA, ofrecía puestos de trabajo a cambio de un pago inicial de 3.500 bolivianos, solicitando la transacción mediante códigos QR.
La investigación, encabezada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, permitió identificar a dos cómplices del reo: una mujer y otro hombre que gestionaban las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero.
Luego, estos intermediarios trasladaban parte del monto a la cárcel de San Roque, en Chuquisaca, donde el cabecilla, un recluso de 28 años cumpliendo condena por estafa, dirigía la operación.
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL DELITO
Cuando la Policía allanó la celda del reo, encontró en su teléfono aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas para manipular voces. “Hemos identificado que este privado de libertad tenía herramientas tecnológicas avanzadas para clonar la voz del ministro y engañar a sus víctimas”, explicó Aguilera.
El análisis de los dispositivos móviles incautados reveló que al menos 19 personas fueron estafadas mediante este método. Además, la banda reclutaba a personas en situación de calle, a quienes pagaban 300 bolivianos por abrir cuentas bancarias a su nombre, utilizadas para desviar los fondos obtenidos fraudulentamente.
Los dos intermediarios han sido aprehendidos y enfrentan cargos por estafa, organización criminal, concusión, asociación delictuosa y agravación por víctimas múltiples.
El ministro de Educación, Omar Veliz, denunció públicamente el caso y advirtió a la ciudadanía sobre este tipo de estafas. Además, descartó que desde su despacho se realicen cobros indebidos para la asignación de empleos.
Este caso pone en evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas con fines delictivos y plantea un desafío para las autoridades en la lucha contra el fraude digital. Mientras tanto, la Policía continúa investigando si existen más víctimas y posibles cómplices dentro o fuera del penal.
