LA PAZ, 22 may (El Libre Observador) — En una escalada de la tensión política en Bolivia, los sectores sociales leales al expresidente Evo Morales anunciaron este jueves una serie de movilizaciones indefinidas en la ciudad de La Paz, con el objetivo explícito de forzar la renuncia del presidente Luis Arce, los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La protesta comenzará el lunes 26 de mayo con una concentración masiva convocada por organizaciones de los nueve departamentos del país.
“Este Gobierno tiene que irse. Sus magistrados, su Tribunal Electoral, todos tienen que renunciar”, sentenció Enrique Mamani, dirigente de los interculturales afines a Morales, en una conferencia de prensa cargada de denuncias contra el oficialismo.
El anuncio marca un punto de inflexión en la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), fracturado entre el ala “arcista” —fiel al actual mandatario— y el bloque “evista”, que acusa al Ejecutivo de maniobrar para excluirlo del escenario electoral.
Los organizadores aseguran que la protesta se mantendrá “el tiempo que sea necesario”, incluso durante semanas o meses, hasta lograr su objetivo. La concentración inicial está prevista a las 10:00 de la mañana en inmediaciones de la Cervecería, un punto neurálgico del centro paceño. La presión, aseguran, será creciente.
Los evistas enarbolan dos banderas: la económica, aludiendo a la escasez de divisas, el alza de precios y el desabastecimiento de combustibles; y la política, acusando al Gobierno de utilizar al TCP y al TSE para impedir su participación en los comicios presidenciales del próximo 17 de agosto.
“Nos quieren borrar del mapa electoral, pero en las calles nos vamos a hacer respetar”, afirmó Juanita Ancieta, dirigente de las mujeres campesinas “Bartolina Sisa”, denunciando también la reciente anulación de las siglas de frentes con los que negociaban alianzas.
El trasfondo de esta movilización es un conflicto de poder por el control del MAS y su representación electoral. Morales, tras ser marginado del aparato partidario controlado por el arcismo, intenta articular un nuevo bloque con base social e indígena.
Sin embargo, sus esfuerzos han sido obstruidos por decisiones judiciales y electorales que su bloque califica de “instrumentalizadas”.
Mientras tanto, Bolivia vive una creciente crisis económica, con un mercado interno tensionado por la falta de dólares, combustibles y alimentos. A esto se suma la parálisis legislativa por el bloqueo de créditos internacionales y un calendario electoral que se acerca con un clima social cada vez más convulso.
La convocatoria evista, bajo el lema de una “Gran movilización en defensa de la democracia y la economía”, pone al Gobierno de Arce ante un nuevo desafío: contener la presión de sus antiguos aliados, sin concesiones que comprometan su autoridad, pero sin medidas represivas que escalen el conflicto.
