LA PAZ, 14 ene (El Libre Observador) — Bolivia entró este miércoles en una fase inédita de gestión de crisis al declarar Emergencia Energética y Social en todo su territorio, en un intento del Gobierno por contener el impacto combinado del proceso inflacionario, la escasez de dólares y el deterioro del abastecimiento de combustibles, factores que han comenzado a tensionar la vida cotidiana y la actividad productiva del país andino.
La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira junto a su gabinete mediante el Decreto Supremo 5517, una norma de carácter excepcional y temporal que tendrá vigencia de un año y que habilita medidas extraordinarias orientadas a garantizar el suministro de energía, reactivar la producción y estabilizar la economía. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es “devolver la calidad de vida a las y los bolivianos”, en un contexto económico marcado por severas restricciones externas.
El decreto introduce un giro significativo en la política de hidrocarburos al autorizar, de manera excepcional, que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar derivados del petróleo a precio de importación o preterminal. La medida busca aliviar el cuello de botella en el suministro, siempre que los operadores cuenten con capacidad propia o alquilada de almacenamiento y accedan de forma no discriminatoria a la infraestructura del sector.
Uno de los puntos más sensibles de la norma responde al “déficit extremo” de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y los sectores estratégicos. En ese marco, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas, eliminando por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas. De forma complementaria, la subpartida arancelaria del diésel fue retirada temporalmente del Arancel Aduanero de Importaciones para facilitar su ingreso al país.
El decreto instruye además a la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras entidades competentes a adecuar sus procedimientos internos en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación de la norma. En paralelo, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el libre acceso a la infraestructura energética en un plazo de hasta quince días, en un intento por acelerar la implementación de las medidas.
Desde el Ejecutivo se subraya que la declaratoria de emergencia no solo apunta a resolver la coyuntura inmediata, sino también a sentar las bases de una reconstrucción integral de la economía, golpeada por la escasez de divisas y la presión sobre los precios internos. La narrativa oficial insiste en que se trata de un paquete de acciones transitorias, diseñadas para devolver certidumbre a los mercados y a la población.
La aprobación del Decreto Supremo 5517 se produce, además, tras la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503, cuestionado por diversos sectores sociales y políticos, que lo calificaron de “inconstitucional y entreguista”. Con esta nueva norma, el Gobierno busca marcar distancia de ese episodio y reposicionar su estrategia frente a una crisis energética que ya se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales de Bolivia.
