LA PAZ, 11 feb (El Libre Observador) – El Gobierno boliviano y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron este martes congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Esta medida, que contempla el decomiso de productos en casos de agio y especulación, quedará en suspenso hasta que se alcancen consensos que garanticen el respeto a la propiedad privada.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, destacó en una reunión de acercamiento que la decisión responde a las inquietudes del sector productivo, el cual ha denunciado que la disposición facilita decomisos arbitrarios.
“El principal resultado de este primer encuentro es que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se aplicará en tanto el sector privado y el Gobierno no logren un acuerdo sobre metodologías, normas o cualquier mecanismo que resuelva las cuestiones de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y, sobre todo, el respeto a la propiedad privada”, explicó Ortuño.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, subrayó que esta medida forma parte de un acuerdo de tres puntos suscrito este martes. El convenio establece que la eventual derogación de la disposición no es competencia del Ejecutivo, debiendo el tema debatirse en la Asamblea Legislativa, en aras de respetar la independencia de poderes.
“Hemos coincidido en que este no es el ámbito para pedir la derogación de la medida, ya que ese debate corresponde al legislativo”, afirmó Flores.
Además, se acordó la implementación de un cronograma de diálogo que permitirá avanzar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, insistió en que la disposición no afectará al sector productivo, al sector formal ni a los gremios. “Queremos dejar claro que no se pretende afectar al sector formal ni al empresarial; se busca, ante todo, garantizar un marco de seguridad jurídica”, puntualizó Mollinedo.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión, evidenciada por el paro nacional «movilizado» que realizaron este lunes los sectores de la cadena productiva, los cuales han advertido sobre la posibilidad de iniciar protestas escalonadas a partir del jueves. Con este acuerdo, el Gobierno y la CEPB apuntan a reestablecer la confianza y asegurar un equilibrio entre las exigencias del sector privado y las políticas estatales, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre y la demanda de garantías jurídicas.
