LA PAZ, 24 mar (El Libre Observador) – – En un esfuerzo por optimizar el abastecimiento de combustibles y reducir los costos operativos para el sector productivo, el Gobierno de Bolivia y el Comité Multisectorial acordaron este lunes nuevas medidas para facilitar la importación de diésel y gasolina.
La decisión incluye la simplificación de trámites administrativos y la ratificación de incentivos fiscales, como la exención del IVA y el arancel del 0% en la importación de estos productos.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien destacó que estas acciones buscan garantizar un suministro estable de combustibles sin afectar los precios al consumidor. “La reducción de barreras burocráticas permitirá una mayor fluidez en la importación y comercialización de diésel y gasolina, asegurando así la estabilidad del mercado”, explicó la autoridad.
En el marco del acuerdo, también se estableció la creación de mesas técnicas para evaluar y aplicar mecanismos que simplifiquen los trámites requeridos para la importación. Además, se confirmó la continuidad de las ventanillas únicas en La Paz y Santa Cruz, con el objetivo de acelerar los procedimientos y evitar demoras en la distribución.
Otro punto clave del pacto es el fortalecimiento de los controles sobre sustancias reguladas, en cumplimiento con normativas internacionales de seguridad. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Viceministerio de Sustancias Controladas estarán a cargo de la supervisión y regulación de estos procesos para evitar el desvío ilegal de combustibles.
Por su parte, el Comité Multisectorial recomendó extender la vigencia de las licencias de importación para operadores privados a más de cinco años, lo que permitiría una planificación más eficiente y reduciría la incertidumbre en el sector.
El acuerdo representa un avance en la gestión energética del país, al equilibrar la necesidad de agilizar el comercio de combustibles con la responsabilidad de garantizar controles eficientes. Las medidas adoptadas serán monitoreadas en los próximos meses para evaluar su impacto en la economía y el sector productivo.
