EL ALTO, 2 jun (El Libre Observador) — La ciudad que en distintos momentos de la historia boliviana ha sido capaz de inclinar el rumbo político del país volvió a lanzar este martes un mensaje inequívoco al poder de “renuncia y no al diálogo”.
Desde una tarima levantada en El Alto, bastión histórico de las movilizaciones populares bolivianas, dirigentes vecinales, sindicales y organizaciones sociales sellaron una decisión que amenaza con profundizar la crisis política más grave que enfrenta el presidente Rodrigo Paz desde su llegada al Gobierno.
El denominado “Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana” no solo ratificó la exigencia de renuncia presidencial, sino que cerró explícitamente la puerta a cualquier convocatoria de negociación impulsada por el Ejecutivo.
La resolución llega cuando Bolivia acumula 33 días de bloqueos, marchas y protestas que han paralizado gran parte del país, interrumpido el transporte de mercancías y agravado una crisis económica que ya golpeaba a millones de familias antes del inicio de las movilizaciones.
El ambiente en El Alto recordaba a otras jornadas que marcaron la historia reciente del país. Banderas, pancartas, discursos encendidos y consignas contra el Gobierno acompañaron una reunión que reunió a sectores vecinales, dirigentes sindicales y organizaciones sociales que, pese a sus diferencias, encontraron un objetivo común de mantener la presión hasta forzar la salida del mandatario.
La imagen más llamativa de la jornada fue la reaparición pública de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). Días atrás había afirmado encontrarse en la clandestinidad. Este martes volvió a mostrarse rodeado por una estrecha guardia sindical y fue recibido como una de las principales figuras de la resistencia contra el Gobierno.
A su lado estuvo Justino Apaza, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de La Paz y uno de los rostros más visibles de las protestas. Ambos encabezaron el acto y fueron los encargados de transmitir el mensaje que miles de asistentes esperaban escuchar.
El documento aprobado por el cabildo no deja margen para interpretaciones. Declara un estado de emergencia movilizado permanente, exige la liberación de los detenidos durante las protestas, denuncia supuestos actos de persecución contra dirigentes sociales y reclama medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de combustibles y frenar el incremento del costo de vida.
Pero el punto central es político como la exigencia de renuncia inmediata de Rodrigo Paz.
La decisión coloca al Gobierno ante un escenario especialmente complejo. Mientras el canciller Fernando Aramayo insiste en que la comunidad internacional valora los llamados oficiales al diálogo y no descarta mecanismos externos de facilitación, una parte importante del movimiento social parece haber llegado a la conclusión de que la negociación ya no es una opción.
“Ahora no queremos diálogo”, resumió Apaza ante la multitud, una frase breve que refleja el clima predominante entre los sectores movilizados.
La paradoja de la crisis boliviana se vuelve cada vez más evidente. Mientras organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortan a todas las partes a sentarse a negociar para evitar una escalada mayor de la confrontación, los actores que ocupan las calles parecen alejarse cada vez más de esa posibilidad.
Las consecuencias comienzan a sentirse con fuerza. Los bloqueos han afectado el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones. Sectores empresariales alertan sobre pérdidas millonarias y advierten que la recuperación económica podría tardar meses. La Defensoría del Pueblo ha reportado muertes vinculadas a la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna en medio de los cortes de rutas.
Sin embargo, para muchos de los asistentes al cabildo, el costo de continuar las protestas es menor que el de abandonar la movilización sin resultados políticos concretos.
La historia reciente de Bolivia explica parte de esa convicción. El Alto ha sido protagonista de algunos de los momentos más decisivos del país, desde la Guerra del Gas de 2003 hasta las grandes movilizaciones que marcaron los ciclos políticos posteriores. En la memoria colectiva de sus habitantes persiste la idea de que la presión sostenida en las calles puede alterar el curso de los acontecimientos.
Esa convicción fue visible durante toda la jornada. Cada intervención reforzaba la idea de resistencia y permanencia. Cada aplauso confirmaba que el movimiento no se considera cerca del agotamiento.
