LA PAZ, 27 mar (El Libre Observador) – Las intensas lluvias que azotan Bolivia desde noviembre de 2024 a la fecha han generado una crisis sin precedentes en el sector agropecuario con 64.000 hectáreas de cultivos dañadas, que representa el 2,2% de la superficie agrícola del país.
Asimismo, más de 352.000 cabezas de ganado han sido afectadas, principalmente camélidos y bovinos, lo que compromete la estabilidad del sector pecuario.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, explicó en conferencia de prensa que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de recuperación para la campaña agrícola de invierno, con el fin de mitigar el impacto económico y garantizar el abastecimiento de alimentos.
“Nuestro presidente Luis Arce ha instruido la implementación de un plan logístico y técnico para apoyar a los productores afectados”, señaló la autoridad.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el país enfrenta el mayor índice de precipitaciones en 40 años, lo que ha derivado en inundaciones masivas en distintas regiones.
En el departamento de Beni, uno de los más golpeados, se ha declarado desastre departamental, mientras que en Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca se han activado emergencias para gestionar la ayuda.
UN IMPACTO SEVERO
Los cultivos de maíz, papa, arroz y hortalizas han sido los más afectados, particularmente en los valles y el altiplano. Aunque no se trata de una pérdida total, la inundación de extensas áreas agrícolas ha dificultado la recolección y reducido la calidad de la producción.
“Las aguas han cubierto los campos, dañando las cosechas en su etapa final. Estamos trabajando para evaluar qué zonas pueden ser recuperadas”, afirmó Flores.
En el sector pecuario, el problema radica en la pérdida de alimento para los animales, ya que los pastizales han quedado anegados.
“La alfalfa y otros forrajes están bajo el agua, lo que pone en riesgo la nutrición del ganado. Sin embargo, tenemos opciones de recuperación si actuamos a tiempo”, explicó el ministro.
Ante la magnitud del desastre, el presidente Luis Arce decretó el miércoles el estado de emergencia nacional para agilizar la respuesta gubernamental, permitiendo la compra de insumos de forma extraordinaria, el acceso a financiamiento externo y el despliegue de personal en las zonas más afectadas.
Además, el Ejecutivo convocó al Consejo Nacional de Autonomías para coordinar con gobernaciones y municipios estrategias de mitigación y reconstrucción.
Los reportes oficiales indican que 209 municipios han sido afectados, con un saldo de más de 378.000 familias damnificadas, 2.596 viviendas dañadas y 818 completamente destruidas. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de 51 personas, mientras que otras ocho permanecen desaparecidas.
GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO
A pesar de los daños, el Gobierno aseguró que el abastecimiento de alimentos está garantizado y que las variaciones en los precios obedecen a dificultades en la distribución.
“Las lluvias han dañado caminos y obligado a los transportistas a tomar rutas alternativas, lo que ha encarecido algunos productos. Sin embargo, con la mejora del clima en abril, los precios volverán a estabilizarse”, aseguró Flores.
El Gobierno ha prometido asistencia continua y un plan de reconstrucción integral para las comunidades afectadas. Se espera que en los próximos días se definan medidas adicionales para asegurar la reactivación del sector agropecuario y evitar mayores impactos en la economía nacional.
