LA PAZ, 23 may (El Libre Observador) — En una jugada de contención frente a la escalada de tensión económica y social, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este viernes un paquete de 18 acciones gubernamentales —11 medidas urgentes y 7 decretos supremos— orientadas a frenar el agio, la especulación, el contrabando y la creciente escasez de combustibles que ha generado colas kilométricas en estaciones de servicio a lo largo del país.
Desde la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo en La Paz, y flanqueado por su gabinete ministerial, Arce se dirigió a la nación en un mensaje transmitido en cadena nacional.
Reconoció las dificultades que enfrenta la población e intentó enviar una señal de control: “A partir del lunes 26 se garantizará el abastecimiento pleno de carburantes en el eje troncal del país”.
La promesa del presidente llega tras dos semanas de crisis energética con impactos directos en las ciudades y zonas rurales, donde el transporte público, el sector agrícola y la actividad comercial han visto sus operaciones afectadas.
Según Arce, actualmente cinco buques con hidrocarburos se encuentran varados en el puerto chileno de Arica, a la espera de condiciones meteorológicas que permitan su descarga y posterior traslado al territorio boliviano.
Además del frente energético, el Gobierno anunció el despliegue de 1.480 efectivos militares a las fronteras con el objetivo de combatir el contrabando de carburantes y productos subvencionados, una práctica que, según el Ejecutivo, erosiona las reservas internas y alimenta la especulación.
En el plano económico, Arce señaló como principal obstáculo para una mayor capacidad de respuesta la falta de aprobación de créditos externos por parte de la Asamblea Legislativa, que superarían los 1.800 millones de dólares.
“Ese bloqueo deliberado impide importar más combustible y atender las necesidades del país”, denunció, apuntando a la oposición parlamentaria como responsable del “estrangulamiento financiero”.
Entre las medidas adoptadas también figura la prohibición de que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) opere con criptoactivos.
La decisión, instrumentada mediante el Decreto Supremo 5399, busca neutralizar rumores sobre un supuesto uso de monedas virtuales para transacciones internacionales que habría incidido en la cotización del dólar en el mercado paralelo.
En lo productivo, el Gobierno canalizará más de 50 millones de dólares para impulsar el rendimiento de cultivos estratégicos como arroz y maíz, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de carne de pollo y huevos. También se eliminarán aranceles para la importación de insumos avícolas y aceite, como incentivo al sector agroindustrial.
El mandatario cerró su intervención advirtiendo a la población sobre “actores políticos que intentan capitalizar el descontento social”, al tiempo que reafirmó que su administración trabaja para preservar la estabilidad y asegurar el suministro.
Sin embargo, el margen de maniobra del Ejecutivo sigue condicionado por la fragilidad económica del país, en medio de presiones externas, protestas latentes y un clima político polarizado.
Las medidas, aunque ambiciosas, enfrentarán su prueba más crítica en el terreno: devolver la normalidad al suministro energético y frenar la inflación sin deteriorar aún más la credibilidad del Gobierno.
