LA PAZ, 1 sep (El Libre Observador) — La detención en Chile de cinco policías bolivianos con casi 600 kilogramos de droga y armas de grueso calibre ha desatado un terremoto político y diplomático en La Paz. Lo que en principio parecía un operativo irregular en la frontera altiplánica se ha transformado en un caso que pone bajo la lupa la histórica debilidad institucional de la Policía Boliviana, las tensiones con Chile y los desafíos regionales en la lucha contra el narcotráfico.
El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía abrió un proceso interno contra los uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), detenidos el 24 de agosto en la zona de Hito Cajón, cerca de Calama. Los agentes cruzaron la frontera en un vehículo sin distintivos oficiales y fueron sorprendidos con armas, municiones y casi media tonelada de marihuana, además de pasta base de cocaína. Junto a ellos cayó un civil boliviano que conducía una camioneta robada en Chile.
Las acusaciones de la Fiscalía chilena van más allá del simple ingreso irregular: imputó a los policías por tráfico de drogas, secuestro, tenencia ilegal de armas y disparos injustificados. Según la investigación, los agentes llegaron a disparar contra el vehículo del civil, lo redujeron y lo mantuvieron esposado, descalzo y sobre la nieve. El juez ordenó su prisión preventiva por 150 días, mientras se desarrolla la investigación.
Un golpe a la credibilidad institucional
El caso no es un hecho aislado. Desde hace años, la Policía Boliviana arrastra una reputación erosionada por escándalos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y abusos de poder. El propio presidente Luis Arce ha señalado en varias ocasiones la necesidad de una reforma estructural, aunque las resistencias internas han paralizado cualquier intento de transformación de fondo.
La FELCN, creada en los años 80 bajo fuerte influencia de la cooperación antidrogas de Estados Unidos, se encuentra hoy en el centro de las críticas. La detención de sus miembros en Chile golpea la credibilidad de una unidad que debía ser emblema en la lucha contra el narcotráfico, en un país donde la coca es un cultivo legal pero la producción de cocaína alimenta redes transnacionales cada vez más violentas.
“Este caso refleja una fractura institucional que no es nueva: policías que deberían combatir el narcotráfico terminan siendo parte de él”, apunta un analista en seguridad consultado en La Paz.
Frontera porosa y tensiones históricas
El lugar del arresto, Hito Cajón, no es un punto cualquiera. Se trata de una frontera inhóspita y extensa, donde los límites entre Bolivia y Chile han sido históricamente objeto de tensión. Desde la Guerra del Pacífico del siglo XIX, que dejó a Bolivia sin acceso soberano al mar, las relaciones bilaterales se mantienen marcadas por la desconfianza.
En este terreno, el narcotráfico y el contrabando han encontrado una ruta ideal. La porosidad de la frontera hace que los patrullajes sean intermitentes y las redes criminales operen con relativa facilidad. “Los carteles no reconocen fronteras; las aprovechan”, resume un exoficial de Carabineros chilenos.
El hallazgo de armas, municiones y equipos de comunicación en poder de los policías bolivianos refuerza la hipótesis de que no se trataba de un operativo oficial, sino de una acción clandestina con ramificaciones transfronterizas.
El espejo regional
El episodio se suma a un patrón regional: fuerzas de seguridad implicadas en los mismos delitos que deberían combatir. Casos similares han estallado en Paraguay, Perú o México, donde policías y militares han sido procesados por proteger cargamentos de droga o trabajar para organizaciones criminales.
En Bolivia, la situación resulta aún más delicada. La Policía es una de las instituciones más desprestigiadas del país, con bajos niveles de confianza ciudadana y frecuentes denuncias de extorsión. En este contexto, el escándalo en Chile no solo golpea su legitimidad, sino que puede derivar en un nuevo conflicto diplomático.
Una prueba para el Gobierno de Arce
El Gobierno boliviano camina ahora por una delgada línea. Por un lado, debe mostrar firmeza en la investigación interna para evitar que el caso se perciba como un encubrimiento. Por otro, necesita contener las tensiones con Chile, un país con el que mantiene disputas no resueltas sobre la frontera, el mar y el uso de aguas compartidas.
El presidente Arce enfrenta además un escenario político interno complejo, con su partido dividido y con elecciones presidenciales a la vista en 2025. Un escándalo de esta magnitud alimenta el discurso opositor de que el Estado está penetrado por el narcotráfico.
La investigación interna abierta por el Tribunal Disciplinario será un termómetro de hasta dónde puede llegar la voluntad política de limpiar a la institución. Lo que está en juego va más allá de cinco policías: se trata de la credibilidad misma de la Policía Boliviana y de la capacidad del Estado para frenar la expansión del narcotráfico en una región donde las fronteras son difusas y las instituciones, frágiles.
