SANTA CRUZ, 23 may (El Libre Observador) — La batalla judicial del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, volvió a estrellarse contra el muro del sistema judicial boliviano. La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz denegó este jueves, la acción de libertad presentada por su defensa, consolidando su permanencia en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, al oeste de La Paz.
El fallo, contenido en la Resolución Constitucional N° 99/2025, ratifica la vigencia de las medidas cautelares impuestas al líder opositor, procesado dentro del denominado caso “Golpe de Estado I”. Camacho es acusado de participar activamente en los hechos de noviembre de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la asunción de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
La defensa del gobernador alegó ante el tribunal que su integridad física está en riesgo y que su detención, prolongada desde diciembre de 2022, vulnera sus derechos fundamentales.
No obstante, el argumento fue insuficiente para convencer a los jueces, que descartaron la tutela al considerar que no se habían agotado los recursos ordinarios en instancias previas.
“El tribunal ha confirmado que no existen elementos jurídicos que justifiquen la liberación del señor Camacho”, afirmó en un comunicado el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
Desde la Fiscalía, se sostiene que la prisión preventiva responde a la gravedad de los cargos, que incluyen conspiración y terrorismo, y que las acciones legales de la defensa buscan dilatar un proceso judicial que debe avanzar con normalidad.
El argumento central de la negativa fue de carácter procedimental: según explicó la Procuraduría General del Estado, la solicitud de Camacho no podía ser atendida en tanto subsiste una apelación pendiente sobre una anterior resolución judicial (N° 11/2025, de febrero pasado), lo que incumple el principio de subsidiariedad exigido para este tipo de recursos constitucionales.
Mientras sectores del oficialismo exigen justicia por lo que consideran un quiebre institucional en 2019 que desembocó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, simpatizantes de Camacho denuncian una persecución política sistemática con la manipulación de la justicia.
Con esta resolución, el gobernador cruceño seguirá recluido en el penal de Chonchocoro, donde permanece desde hace casi un año y medio. La oposición, por su parte, ha calificado el fallo como una muestra más de la falta de independencia judicial en el país y anticipa nuevas acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
El caso continúa generando reacciones intensas, en un clima político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 17 de agosto, en las que la pugna entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, divididas y judicializadas, podría redefinir el rumbo del país.
