LA PAZ, 29 ago (El Libre Observador) — La economía y la política vuelven a chocar en Bolivia. El Gobierno del presidente Luis Arce lanzó esta semana una advertencia poco común: el bloqueo legislativo a créditos internacionales por 1.787 millones de dólares no solo asfixia a la actual administración, sino que comprometerá la estabilidad del Ejecutivo que surja del balotaje presidencial del 19 de octubre.
La advertencia llega en un momento de fragilidad económica y de creciente pugna política, donde el control de los recursos financieros se ha convertido en arma electoral y en símbolo de las disputas de poder que marcan la historia reciente del país.
“El próximo gobierno se verá duramente afectado en sus inicios por falta de estos créditos”, afirmó el viceministro Gustavo Torrico, recordando que el nuevo presidente asumirá el 8 de noviembre con la responsabilidad inmediata de garantizar combustibles, sostener la producción agrícola y pagar salarios y aguinaldos. Sin esos fondos, agregó, el Ejecutivo entrante “arrancará con el pie izquierdo” y bajo presiones que amenazan con escalar en una crisis mayor.
El pulso en la Asamblea
La raíz del problema está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió la cohesión que lo sostuvo durante casi dos décadas. La alianza entre la oposición y los legisladores afines al expresidente Evo Morales —enfrentados a Arce desde 2023— ha frenado sistemáticamente la aprobación de créditos externos. Para el oficialismo, se trata de un “boicot” que pretende “estrangular la economía” y desgastar al Gobierno. Para sus detractores, en cambio, el bloqueo es una forma de condicionar la gestión de Arce y forzar la discusión sobre reformas judiciales y otros temas pendientes.
El trasfondo es político: la fractura del MAS ha convertido al Parlamento en un terreno de disputa en el que el dinero y la economía son rehenes de la batalla interna. Morales, que busca volver al poder en 2025, utiliza su influencia parlamentaria para limitar la gestión de Arce, mientras la oposición capitaliza la división del oficialismo para ganar margen en las negociaciones.
Una historia de tensiones económicas y poder
Bolivia ha vivido en el pasado episodios donde la economía se convirtió en campo de batalla política. El recuerdo del Decreto 21060, que en 1985 liberalizó la economía bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sigue presente en el debate actual. Torrico acusó a los candidatos opositores de promover un “21060 disimulado”, resucitando un fantasma que marcó generaciones con ajustes estructurales, despidos y privatizaciones.
Más recientemente, el auge de los precios del gas durante el mandato de Evo Morales (2006-2019) permitió financiar políticas sociales y consolidar el poder del MAS. Pero la caída de las reservas internacionales, el déficit comercial y la escasez de dólares en los últimos años han reducido el margen de maniobra de Arce, economista de formación y ministro de Finanzas durante el auge gasífero. La imposibilidad de acceder a créditos externos ahora amenaza con dejar al país en un limbo financiero justo en la antesala de un nuevo gobierno.
Consecuencias inmediatas
El bloqueo ya tiene efectos visibles: retraso en proyectos de inversión pública, dificultades para importar diésel, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos. La falta de liquidez en dólares, que genera un mercado paralelo de divisas, alimenta la incertidumbre económica. Con elecciones en el horizonte, esta situación puede escalar en protestas sociales, un terreno fértil en un país donde las calles han definido gobiernos más de una vez.
“Ponerse en manos del FMI sería volver a recetas del pasado, y eso puede significar una pérdida de soberanía económica”, advirtió Torrico, al descartar esa opción como alternativa. La sola mención del Fondo revive recuerdos amargos en Bolivia, donde sus programas de ajuste están asociados al desempleo masivo y a la crisis social de los años ochenta y noventa.
¿Quién gana con el bloqueo?
Para la oposición, la parálisis legislativa no es un cálculo puramente económico, sino político. Al condicionar los créditos, busca mostrarse como contrapeso a un Gobierno debilitado, forzar negociaciones y desgastar al MAS de cara a las elecciones de 2025. Para el bloque “evista”, en cambio, se trata de una estrategia de presión interna: restar gobernabilidad a Arce y reposicionar a Morales como única figura capaz de garantizar estabilidad.
En esta ecuación, el costo político podría recaer sobre el futuro gobierno, sin importar quién lo encabece. El próximo presidente asumirá con una economía en tensión, un Estado con escasos recursos y una Asamblea fragmentada, lo que anticipa un mandato de alta conflictividad.
Un país en vilo
La advertencia del Gobierno desnuda la vulnerabilidad de Bolivia en este momento político: un Ejecutivo debilitado, un Parlamento en guerra interna y una economía presionada por la falta de divisas y combustibles. La historia boliviana enseña que los conflictos económicos rápidamente se traducen en estallidos sociales, y la proximidad de las elecciones convierte cada decisión en un movimiento cargado de cálculos estratégicos.
Entre tanto, los créditos siguen varados en el Legislativo, mientras la incertidumbre crece. En Bolivia, la economía nunca ha sido solo una cuestión de números: ha sido, y sigue siendo, el corazón de la lucha por el poder.
