LA PAZ, 1 sep (El Libre Observador) — La controversia en torno al regreso de Luis Arce Catacora a las aulas universitarias revela mucho más que una pugna administrativa en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El pedido de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) para que el presidente no vuelva a dictar clases en la carrera de Economía, tras dejar el Palacio Quemado en noviembre, destapa el trasfondo de una sociedad polarizada, en la que las fronteras entre la política y la vida académica nunca han sido del todo nítidas.
La UMSA, la mayor casa de estudios superiores del país, con sede en La Paz, ha sido históricamente un espacio de efervescencia política. En sus pasillos se incubaron debates que marcaron el rumbo de la democracia boliviana desde el retorno a la vida civil en 1982.
Las federaciones universitarias, de las más activas de América Latina, han participado en huelgas nacionales, movilizaciones por derechos sociales y, más recientemente, en protestas por la crisis económica y el déficit fiscal.
En ese contexto, la figura de Arce representa una paradoja. Economista de formación y docente de larga trayectoria en la UMSA, el presidente se convirtió en referente académico antes de ocupar la cartera de Economía bajo Evo Morales y, posteriormente, la presidencia. Su eventual retorno a las aulas se presenta como un regreso a los orígenes.
Para muchos estudiantes, sin embargo, simboliza la continuidad de una gestión marcada por la escasez de combustibles, la inflación de los alimentos y la pérdida de confianza en la estabilidad macroeconómica.
El peso de la crisis económica
El argumento central de la CUB es que la permanencia de Arce en la docencia “daña la imagen de la universidad”. Lo justifican señalando que la crisis actual ha afectado de manera directa a transportistas, comerciantes y familias de bajos ingresos, con repercusiones inmediatas en los estudiantes. En este discurso se fusiona la crítica política con una defensa de la “dignidad universitaria”.
El trasfondo es una economía que atraviesa tensiones: reservas internacionales en mínimos históricos, presión sobre el tipo de cambio y un modelo de subsidios que enfrenta crecientes dificultades. Arce, que en 2020 ganó las elecciones con la promesa de estabilizar el país tras la crisis política y sanitaria, se enfrenta ahora a un juicio social mucho más severo que el de sus primeros años.
La figura del profesor-presidente
Que un presidente quiera regresar a la docencia no es en sí mismo inusual en América Latina. Exmandatarios como Rafael Correa en Ecuador o Fernando Henrique Cardoso en Brasil retomaron vínculos académicos tras dejar el poder. Lo singular en el caso boliviano es que el debate se haya adelantado, en plena antesala electoral y en un ambiente donde la legitimidad del gobierno está en entredicho.
Arce ha declarado con insistencia que no piensa abandonar el país y que su fuente de ingresos futura será la docencia universitaria. “¿Por qué me voy a ir del país? Aquí está mi familia, mis amigos, mi fuente de ingresos que es la universidad”, repitió recientemente. Sus palabras buscan desactivar los rumores de un eventual exilio, una sospecha que ha acompañado a varios expresidentes bolivianos tras dejar el cargo.
Más que un conflicto académico
Lo que se juega en la UMSA no es solo el acceso a un aula, sino la disputa por la memoria y la narrativa de la gestión de Arce. Para sus críticos, permitirle volver a enseñar sería validar un modelo económico que consideran agotado. Para sus defensores, en cambio, su retorno es parte de un derecho legítimo a ejercer su profesión y a compartir experiencia acumulada.
La advertencia de los dirigentes universitarios de tomar la facultad de Economía si su pedido no es atendido revela hasta qué punto la universidad se ha convertido en un campo de batalla simbólico. No se trata únicamente de defender un espacio académico, sino de marcar distancia política frente a un presidente saliente que aún pretende incidir en la formación de nuevas generaciones de economistas.
