LA PAZ, 23 jul (El Libre Observador) – Bolivia atraviesa una paradoja económica. Mientras el Gobierno asegura que la deuda externa del país está bajo control –equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y en descenso desde 2023–, la economía se ve sacudida por una crisis de divisas que multiplica las tensiones políticas a menos de un mes de las elecciones generales.
La brecha cambiaria, con un dólar que se cotiza al doble en el mercado paralelo respecto a la tasa oficial, ha convertido a la estabilidad en un delicado ejercicio de equilibrio político y financiero.
“El endeudamiento externo no es un problema para la economía boliviana. Lo que afecta nuestra dinámica económica es el bloqueo en la Asamblea Legislativa que impide aprobar nuevos créditos”, declaró el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.
Más de 15 proyectos de financiamiento, por un valor superior a 1.590 millones de dólares, permanecen paralizados en el Legislativo, una institución fracturada por la pugna entre oficialistas leales al presidente Luis Arce, opositores y una facción del Movimiento al Socialismo (MAS) afín al expresidente Evo Morales.
El discurso oficial subraya que, pese a la turbulencia, las Reservas Internacionales Netas (RIN) han repuntado: crecieron 830 millones de dólares en el primer semestre de 2025, hasta 2.807 millones, gracias a la compra interna de oro bajo la Ley 1503.
Pero el repunte, el más significativo en 16 meses, no logra contener la crisis de divisas. El dólar escasea, y para los importadores y comerciantes, el mercado paralelo se ha convertido en la única fuente viable, alimentando una espiral inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo de los bolivianos.
La pugna legislativa ha agravado el escenario. El Gobierno acusa a la oposición y a sectores “evistas” de frenar deliberadamente los préstamos externos para debilitar al Ejecutivo antes de las elecciones. Los detractores, por su parte, argumentan que los créditos son una maniobra para tapar una crisis estructural y perpetuar un modelo económico basado en el endeudamiento y el control estatal de las divisas.
El trasfondo político es inevitable. Con elecciones previstas para agosto, el discurso económico se ha convertido en un arma de campaña. Arce se presenta como garante de estabilidad y acusa a sus rivales de sabotear la economía del país por cálculos políticos. La oposición y los disidentes del MAS, en cambio, lo responsabilizan de una gestión que ha llevado al boliviano a su mayor crisis cambiaria en dos décadas.
