LA PAZ, 20 nov (El Libre Observador) — La escena política boliviana vivió este jueves un vuelco abrupto cuando el presidente Rodrigo Paz anunció el cierre inmediato del Ministerio de Justicia, una decisión sin precedentes que estalla en plena crisis con su vicepresidente, Edmand Lara, por la destitución de Freddy Vidovic de esa cartera estatal.
La medida, presentada como un gesto para “cortar de raíz” la injerencia política en los tribunales, ha dejado al Gobierno inmerso en su primera gran aprieto institucional a menos de dos semanas de haber asumido el poder.
Paz expuso la decisión en una conferencia urgente en la sede presidencial, donde declaró que la cartera —creada para supervisar la política judicial y los derechos ciudadanos— había dejado de cumplir su función.
“El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado”, afirmó con vehemencia, en un mensaje que buscó asociar la institución con prácticas de persecución y corrupción heredadas de gestiones anteriores.
La iniciativa surgió, según el mandatario, durante una conversación nocturna con Jorge García, a quien había invitado a encabezar la cartera de manera emergente. García aceptó el nombramiento con una única condición: cumplir la promesa electoral de clausurar el ministerio para limpiar de presiones políticas el sistema judicial.
Paz aseguró haber respaldado esa propuesta “de inmediato” y reivindicó el gesto como el cumplimiento de un compromiso asumido “delante del país” durante la campaña.
El trasfondo del cierre revela, sin embargo, tensiones más profundas. En menos de dos semanas, el Ministerio de Justicia ha tenido dos titulares envueltos en controversia: primero Freddy Vidovic, aliado del vicepresidente, destituido tras confirmarse una sentencia ejecutoriada de cárcel en su contra; luego García, señalado por Lara por un supuesto “rosario de procesos”. El vicepresidente lo acusó de arrastrar antecedentes graves, una denuncia que García calificó de “difamación” y que anunció que responderá con acciones legales.
“Estas denuncias deben probarse como ordena el procedimiento penal”, dijo García, quien insistió en que los ataques políticos y mediáticos no pueden vulnerar los derechos constitucionales de ningún ciudadano.
La pugna entre ambos funcionarios derivó en un escenario de desconfianza mutua que terminó empujando al presidente hacia la decisión más drástica: eliminar por completo la estructura que generaba el conflicto.
El paso dado por Paz supone un gesto político arriesgado y abre un vacío institucional cuya administración aún no está definida. Bolivia queda, de momento, sin la entidad encargada de articular políticas judiciales, mientras el Gobierno promete diseñar un nuevo marco que garantice independencia, transparencia y una ruptura definitiva entre la justicia y los intereses partidarios.
La crisis deja expuesta la fragilidad del nuevo Ejecutivo y anticipa una disputa de poder que podría marcar el rumbo del país en los primeros meses de gestión.
Con el Ministerio de Justicia clausurado y la relación con la Vicepresidencia tensada al límite, el desafío inmediato para Paz será lograr que su apuesta por reformar el sistema judicial no termine devorando la estabilidad de su propio Gobierno.
