LA PAZ, 9 dic (El Libre Observador) — Las calles de El Alto y La Paz volvieron a convertirse este martes en escenario de un pulso social que pone a prueba el primer mes de gestión del presidente boliviano Rodrigo Paz. Miles de gremiales, transportistas, prestatarios y vecinos descendieron desde la meseta alteña para protestar por la subida del precio del pan, un alimento que en Bolivia no solo es básico sino también un barómetro del ánimo social y de la estabilidad económica, además, de otras demandas.
La marcha, que recorrió la empinada ruta hacia el centro político de la sede de Gobierno, se articuló con una demanda central: la instalación inmediata de mesas de diálogo para revertir el incremento del pan y discutir una batería de reclamos vinculados al crédito, la salud, la educación, diferimiento, la vivienda social, dólares y otros.
“Rechazamos rotundamente la elevación del precio del pan. Exigimos que nos reciban cuanto antes para presentar nuestro pliego”, resumió el dirigente Felipe Quispe, uno de los rostros visibles del sector gremial.
La movilización, convocada desde primeras horas en el Multifuncional de El Alto, reunió a alrededor de 5.000 personas y avanzó hasta la Vicepresidencia, donde los manifestantes se concentraron a la espera de una respuesta oficial.
Los organizadores insistieron en que la protesta es “pacífica” y no responde a consignas partidarias, sino al deterioro de la economía doméstica en medio de la escasez de carburantes y el aumento sostenido de los precios en los mercados.
Al mismo tiempo, un grupo reducido de sindicatos afines al Gobierno se sumó a la marcha con un mensaje dual: apoyar la gestión de Paz, pero también exigir la aplicación plena de la Ley de Diferimiento de Créditos, una norma promulgada en los últimos días del mandato de Luis Arce y que permite suspender temporalmente el pago de cuotas de vivienda social y microcréditos.
Sus beneficiarios aseguran que los bancos se resisten a cumplirla. “Los bancos están violando la ley. Vamos a hacerla respetar”, denunció Maicol Chura, representante de los prestatarios.
El malestar no se limita al pan ni al crédito. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) anunció que solicitará una reunión con el vicepresidente Edman Lara para exigir claridad sobre el diferimiento y recordar —en palabras de su presidenta, Helen Ribero— “las promesas incumplidas” de alivio financiero. Aunque Conamype no participó de la marcha, advirtió que el sector está “al límite”.
A esta tensión se sumó otro gremio clave en la economía urbana: los carniceros. La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne alertó que el anuncio gubernamental de aumentar las exportaciones ha disparado los precios ante el acopio de productores que buscan mejores ingresos en el exterior.
“El precio ya está llegando a 80 o 90 bolivianos. Queremos que nos escuche al último eslabón”, reclamó el dirigente Jesús Uchani.
El sector advierte que la producción interna no es suficiente para exportar sin afectar la oferta nacional y amenaza con una marcha nacional y posibles medidas de presión que podrían derivar en desabastecimiento.
El Gobierno enfrenta así un mosaico de reclamos que coinciden en un punto de inflexión económico. La subida del pan, un símbolo cotidiano, se convierte en catalizador de una protesta mayor que combina deudas, servicios, alimentos y expectativas incumplidas.
Mientras los sectores movilizados otorgan un plazo de diez días para instalar el diálogo, la administración de Paz intenta contener el descontento en un momento en el que cada variación del precio de los alimentos tiene repercusiones políticas inmediatas.
