LA PAZ, 12 nov (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano aseguró este miércoles que su prioridad inmediata es contener la escalada de precios y garantizar que el país registre “la menor inflación posible”, en medio de un panorama marcado por el aumento del costo de los alimentos, la escasez de combustibles y la presión sobre las reservas de divisas.
El ministro de Medio Ambiente y Agua y actual titular interino de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirmó que la instrucción del presidente Rodrigo Paz es clara: proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, especialmente las más vulnerables.
“Lo que necesitamos en Bolivia es que tengamos la menor inflación posible, que afecte lo menos que se pueda a la población y principalmente a nuestras familias más vulnerables. Esa es la premisa que tenemos por orden del presidente”, declaró en conferencia de prensa en La Paz.
Las palabras de Justiniano llegan en un momento de fuerte presión económica. La inflación acumulada en Bolivia alcanzó 19,22 % a octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), muy por encima de la meta anual de 7,5 % fijada en el Presupuesto General del Estado 2025. El repunte refleja el impacto combinado de bloqueos políticos, déficit de combustibles y falta de divisas, que han distorsionado la cadena de suministros y elevado los costos de transporte y producción.
Consultado sobre las posibles medidas para enfrentar el incremento de precios de alimentos básicos como la carne de res y el pollo, Justiniano pidió cautela. “Es altamente prematuro plantear un plan de acción sobre un tema tan sensible y tan delicado como el precio de la carne. La voluntad y el compromiso de trabajar están, y de dar respuesta lo antes posible”, afirmó.
La política de contención de precios ha sido una constante en el modelo económico boliviano desde hace más de una década. Sin embargo, el contexto actual es más desafiante: la inflación, tradicionalmente baja en comparación con los países vecinos, se ha disparado en pocos meses y amenaza con erosionar el equilibrio fiscal y social.
Fuentes del área económica reconocen que el desafío del nuevo gobierno es normalizar la provisión de combustibles, estabilizar la producción de alimentos y evitar un efecto dominó en el resto de la economía. La tensión social también preocupa: los bloqueos y protestas recientes por la falta de carburantes han paralizado el transporte y afectado los mercados en las principales ciudades.
Pese a la gravedad del escenario, Justiniano insistió en que “ninguna acción irá en contra de las familias más vulnerables” y que el Ejecutivo trabaja en medidas conjuntas con productores y distribuidores para estabilizar los precios internos. “La premisa es clara: el bienestar de las familias primero”, reiteró.
Analistas locales señalan que el margen de maniobra del gobierno es estrecho. Con una inflación en ascenso, reservas internacionales en mínimos históricos y una economía dependiente de las importaciones energéticas, Bolivia enfrenta el dilema de sostener su estabilidad social sin agotar sus recursos fiscales.
