LA PAZ, 15 dic (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano presentó este lunes la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, un órgano encargado de investigar denuncias de corrupción y un presunto “saqueo económico” en la gestión del sector energético durante administraciones pasadas. La apuesta es ambiciosa: esclarecer responsabilidades y recuperar hasta 15.000 millones de dólares que, según el Ejecutivo, el Estado habría perdido.
El anuncio se realizó en la sede de la Procuraduría General del Estado, un escenario cargado de simbolismo jurídico y político. Al frente de la comisión estará el procurador Hugo León La Faye, quien adelantó una auditoría integral del área de hidrocarburos. El trabajo incluirá peritajes técnicos, revisión de contratos y análisis patrimonial de exfuncionarios, además de la recolección de testimonios para reconstruir el recorrido del dinero público.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre la administración de sus recursos”, sostuvo La Faye, al explicar que la comisión no solo buscará esclarecer los hechos, sino también activar los mecanismos legales necesarios para la eventual recuperación de fondos. El presidente Rodrigo Paz Pereira pidió a los integrantes del equipo actuar con “la mayor transparencia” para devolver credibilidad a un sector que durante décadas fue el motor de la economía boliviana.
La composición de la comisión revela el peso político de la iniciativa. Además de autoridades clave del Ejecutivo —como los responsables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los ministerios de Hidrocarburos y de la Presidencia—, el grupo incorpora a cuatro diputados de distintas fuerzas políticas, en un intento por dotar al proceso de un perfil plural y de control cruzado.
El punto de partida será voluminoso. El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que ya existen más de 140 denuncias en fase de admisión por presunto mal manejo de recursos. Para ampliar el alcance, el Gobierno habilitará canales digitales que permitirán a la ciudadanía presentar denuncias de forma anónima, una señal de que se espera un flujo adicional de información sensible.
Aunque no se fijaron plazos estrictos, las autoridades estiman que los primeros resultados podrían conocerse en alrededor de un mes. El desafío, sin embargo, va más allá del calendario. En un país donde los hidrocarburos han sido históricamente sinónimo de soberanía, ingresos fiscales y disputas políticas, la comisión se mueve en un terreno delicado, donde la búsqueda de justicia convive con el riesgo de profundizar fracturas.
