LA PAZ, 2 jun (El Libre Observador) — En una Bolivia sacudida por semanas de protestas, bloqueos y crecientes demandas de renuncia presidencial, el Gobierno ha encontrado un nuevo frente de confrontación con la presunta participación de actores extranjeros en la crisis política que atraviesa el país.
La denuncia llegó este martes de boca del canciller Fernando Aramayo, quien aseguró que las autoridades identificaron a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al país como turistas para involucrarse posteriormente en actividades políticas vinculadas a las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz.
La acusación añade una dimensión internacional a un conflicto que hasta ahora se había desarrollado principalmente en las carreteras bloqueadas, las plazas ocupadas por manifestantes y los discursos enfrentados entre oficialismo y oposición. Ahora, el Ejecutivo sostiene que parte de la agitación política no proviene únicamente del descontento interno, sino también de personas llegadas desde el exterior.
«Esta es probablemente la prueba más clara de que estamos frente a un proceso de desestabilización de nuestra democracia», afirmó Aramayo al justificar las acciones emprendidas por el Estado para identificar y expulsar a los involucrados.
La declaración se produce en uno de los momentos más delicados para el Gobierno. Las protestas han ganado visibilidad en varias regiones del país y han alimentado una narrativa opositora que presenta al Ejecutivo como incapaz de contener la crisis económica y social. Frente a ello, las autoridades intentan instalar otra lectura de los acontecimientos: la de una ofensiva coordinada destinada a erosionar la institucionalidad democrática.
Según el canciller, las investigaciones realizadas junto con la Dirección General de Migración permitieron detectar a activistas que ingresaron con visas de turismo y que posteriormente participaron en actividades consideradas una injerencia en asuntos internos del país.
Sin ofrecer detalles sobre el número exacto de personas involucradas o las pruebas recopiladas, Aramayo insistió en que la presencia de extranjeros en las movilizaciones constituye una señal preocupante. La autoridad mencionó además la identificación de algunos ciudadanos argentinos en el contexto de las protestas, aunque evitó atribuir responsabilidades a gobiernos extranjeros.
«¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar más un escenario de polarización?», preguntó el canciller, en un mensaje dirigido tanto a los manifestantes como a quienes cuestionan la actuación del Gobierno.
La denuncia aparece en un contexto especialmente sensible para Bolivia, un país donde las acusaciones de intervención externa suelen ocupar un lugar central en los momentos de mayor tensión política. Desde la crisis de 2019 hasta las disputas electorales más recientes, la discusión sobre la influencia de actores internacionales ha sido utilizada por distintos sectores para explicar o desacreditar los acontecimientos internos.
Sin embargo, la afirmación del Gobierno también abre interrogantes. Hasta ahora, las autoridades no han presentado públicamente evidencias detalladas sobre el alcance de la supuesta injerencia ni sobre el papel concreto que habrían desempeñado los extranjeros señalados. Tampoco se conocen pronunciamientos de los países cuyos ciudadanos fueron mencionados.
Mientras tanto, la crisis continúa desarrollándose dentro de las fronteras bolivianas. Los bloqueos persisten, las demandas de renuncia no desaparecen y el diálogo sigue siendo una posibilidad lejana. En ese escenario, la denuncia de una intervención externa parece responder tanto a una investigación oficial como a una batalla por imponer el relato dominante de una crisis que amenaza con prolongarse.
