LA PAZ, 8 ene (El Libre Observador) — El mapa del conflicto social en Bolivia se ensanchó este jueves con una rapidez que inquieta al Gobierno y al sector productivo. En apenas tres días, los puntos de bloqueo de carreteras pasaron de ocho a 34, tras la incorporación de los cocaleros del Chapare de Cochabamba, uno de los actores con mayor capacidad de presión territorial, lo que terminó de paralizar el eje troncal que conecta el occidente con el oriente del país.
Las protestas, impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503 —que elimina la subvención a los combustibles e introduce medidas de ajuste económico—, escalaron pese a que el Ejecutivo abrió la puerta a modificar una treintena de artículos de la norma. La flexibilización oficial no logró frenar la adhesión de nuevos sectores ni el endurecimiento de las medidas de presión.
La COB, principal organización sindical del país, inició sus movilizaciones el 19 de diciembre con marchas, las intensificó el 29 con piquetes de huelga de hambre y, desde el martes 6 de enero, activó un bloqueo nacional de carreteras. Lo que comenzó con ocho puntos de interrupción derivó en una red de cortes que hoy ahoga el tránsito interdepartamental y urbano, especialmente en las regiones del eje central.
Mineros, maestros y campesinos afines a la COB encabezan los bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro y Potosí, además de puntos estratégicos en ciudades. A ellos se suman los campesinos de la organización Tupac Katari, que cerraron accesos clave como la ruta a Desaguadero —frontera con Perú— y el camino hacia Copacabana, sobre el lago Titicaca.
La incorporación de los cocaleros del Chapare marcó un punto de inflexión. Esta región, históricamente conflictiva, corta el paso entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que convierte sus bloqueos en un golpe directo a la logística nacional. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron su adhesión a la convocatoria de la COB y ratificaron que su posición es la abrogación total del DS 5503.
David Veizaga, ejecutivo de la federación Yungas del Chapare, afirmó que la movilización busca “defender los recursos naturales” y evitar lo que calificó como una eventual privatización de las empresas estatales. Sus bases bloquearon las rutas Cochabamba–Santa Cruz y Cochabamba–La Paz, sellando la paralización del eje troncal.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), más de la mitad de los bloqueos se concentran en el departamento de La Paz, con 14 puntos en vías estratégicas que conectan con Copacabana, los Yungas, Oruro y la frontera peruana. La Paz y El Alto se convirtieron en el epicentro urbano del conflicto, con cortes que alteran la circulación cotidiana y el abastecimiento.
El impacto inmediato se sintió en el transporte público. Las terminales de buses de La Paz y El Alto suspendieron temporalmente las salidas interdepartamentales. En la sede de gobierno, se reportaron bloqueos en Sica Sica, Patacamaya, Achica Arriba y Konani, además de varios puntos en la ruta a Copacabana. En El Alto, la terminal metropolitana informó la suspensión total de la venta de pasajes al interior del país por razones de seguridad.
En Cochabamba, las salidas hacia el occidente quedaron suspendidas por un bloqueo en Sayari, mientras que los viajes hacia el oriente se realizan por la carretera antigua debido a cortes en Yapacaní y el puente Ichilo. Desde Santa Cruz, los buses hacia Cochabamba también deben desviarse por rutas alternas ante la imposibilidad de usar la carretera nueva.
En paralelo, el Gobierno confirmó que ajustará 35 artículos del DS 5503, aunque insistió en que se trata de cambios formales y no de fondo. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, explicó que las modificaciones incorporarán precisiones como el respeto expreso a la Constitución y al control social, sin alterar el núcleo de la norma.
El diálogo entre el Ejecutivo y la COB fue reprogramado para la tarde en la Casa Grande del Pueblo, en un clima marcado por la desconfianza. Mientras tanto, el sector privado encendió las alarmas. El primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, José Eduardo Iriarte, advirtió que los bloqueos generan pérdidas cercanas a 50 millones de dólares diarios, afectando de forma directa a la producción, la industria y las exportaciones.
Con carreteras cerradas, viajes suspendidos y un pulso político que se endurece, Bolivia entra en una fase crítica del conflicto, donde la suma de actores y la magnitud territorial de las protestas elevan el costo económico y social, y ponen a prueba la capacidad de negociación del Gobierno frente a una de las mayores olas de movilización de los últimos meses.
