LA PAZ, 2 feb (El Libre Observador) — A tres días del cierre definitivo del calendario electoral, las elecciones subnacionales en Bolivia entraron en una fase de ajustes acelerados y tensiones administrativas. Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) registraron cerca de 1.300 sustituciones de candidaturas, en un proceso marcado por inhabilitaciones masivas y recursos legales que mantienen en vilo a partidos y alianzas políticas.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó que a ese número se suman alrededor de 500 ciudadanos que lograron ser habilitados tras presentar apelaciones. Todos los cambios deberán cerrarse, sin excepción, hasta el jueves 5 de febrero, fecha límite establecida para reemplazos por inhabilitación.
“El plazo es definitivo”, recalcó Ávila, al recordar que el Órgano Electoral no puede inscribir candidaturas que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la convocatoria. La advertencia apunta a frenar nuevas controversias en un proceso ya golpeado por la magnitud de las exclusiones.
El fin de semana, el TSE informó que resolvió 939 recursos de impugnación, apelación y revisión extraordinaria presentados por aspirantes que cuestionaron su inhabilitación. Aunque algunas apelaciones prosperaron, la mayoría confirmó las decisiones iniciales, consolidando un escenario de alta rotación de postulantes.
La dimensión del problema quedó en evidencia en enero, cuando el propio TSE reveló que cerca de 26.000 de las 34.000 candidaturas registradas fueron inhabilitadas por no cumplir alguno de los requisitos legales. Se trata de una cifra inédita que refleja tanto la fragmentación del sistema político como las debilidades organizativas de muchas fuerzas locales.
Las normas electorales no permiten subsanar observaciones una vez emitida la inhabilitación. Los afectados solo pueden apelar si consideran vulnerados sus derechos políticos o electorales, una vía que ha congestionado al órgano electoral y obligado a resolver cientos de recursos en plazos ajustados.
Mientras tanto, las organizaciones políticas afrontan una carrera contrarreloj para reemplazar a sus candidatos excluidos y evitar quedar fuera de la contienda en municipios y gobernaciones clave. El 5 de febrero marca el punto final para esos ajustes, en un proceso que pone a prueba la capacidad operativa del sistema electoral boliviano.
La publicación, el viernes por la noche, de las listas oficiales con las resoluciones de impugnación sobre habilitaciones e inhabilitaciones cerró parcialmente la incertidumbre, aunque dejó al descubierto un proceso electoral tensionado por la burocracia, la judicialización y la fragilidad de muchas postulaciones.
A medida que se acerca la jornada electoral, el elevado número de sustituciones se perfila como una señal de alerta sobre la calidad de la oferta política subnacional y sobre los desafíos pendientes para fortalecer la institucionalidad democrática en Bolivia.
