LA PAZ, 16 jun (El Libre Observador) — Después de siete semanas de carreteras bloqueadas, ciudades tensionadas por la escasez de combustible y una economía que acumula pérdidas millonarias, la principal organización sindical de Bolivia ha decidido cambiar el tono sin abandonar la presión. La Central Obrera Boliviana (COB), uno de los actores centrales de la crisis que sacude al país desde mayo, presentó este martes un “planteamiento para la pacificación y recuperación” nacional y exigió al Gobierno una respuesta inmediata.
La iniciativa llega en uno de los momentos más delicados del conflicto. Bolivia transita el día 47 de una movilización que comenzó con reclamos salariales y exigencias de soluciones frente a la crisis económica, pero que terminó transformándose en un pulso político de gran magnitud, con llamados abiertos a la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira y cuestionamientos a la conducción del Estado.
En este escenario, la palabra “pacificación” adquiere un peso especial. No porque el conflicto haya disminuido, sino precisamente porque continúa. La COB habla de una salida a la crisis mientras mantiene vigentes las medidas de presión que han paralizado importantes corredores logísticos del país.
“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata”, anunció el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo.
La declaración estuvo acompañada de una advertencia. Si el Ejecutivo no responde con rapidez, dijo el dirigente, las movilizaciones podrían intensificarse. La organización apunta a “masificar” las protestas y profundizar las acciones en las carreteras para sostener la exigencia de renuncia presidencial.
La dualidad del mensaje refleja el momento político que atraviesa Bolivia. Por un lado, la central obrera intenta proyectarse como un actor capaz de contribuir a una salida negociada. Por otro, mantiene intacta la capacidad de presión que la convirtió en uno de los protagonistas del conflicto.
La crisis también ha comenzado a mostrar fisuras dentro del propio movimiento social. Mientras sectores cercanos al expresidente Evo Morales defienden la continuidad de los bloqueos y rechazan cualquier acercamiento con el Gobierno, algunas centrales obreras departamentales han empezado a plantear la necesidad de abrir espacios de diálogo.
La razón es simple: el costo económico crece cada día. En Cochabamba, el principal nodo de conexión entre el occidente y el oriente boliviano, los bloqueos continúan alterando el flujo de mercancías y combustibles. En La Paz y El Alto, las filas en estaciones de servicio se han convertido en una imagen cotidiana. En mercados de distintas ciudades, comerciantes y consumidores enfrentan incrementos de precios y dificultades de abastecimiento.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía permanecen activos alrededor de 52 puntos de bloqueo en diferentes regiones del país. Aunque algunas rutas fueron habilitadas parcialmente durante los últimos días, la normalización del transporte sigue siendo incierta.
En medio de este escenario, Argollo intentó despejar una de las acusaciones que ha acompañado a las protestas desde sus primeras semanas: la supuesta influencia de Evo Morales en la movilización.
“No ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país”, aseguró el dirigente sindical, quien sostuvo que la protesta fue interpretada erróneamente por parte de algunos sectores de la sociedad.
La aclaración evidencia una de las principales disputas narrativas del conflicto. Mientras el Gobierno y sectores afines sostienen que las protestas fueron aprovechadas políticamente por grupos opositores, los dirigentes sindicales insisten en que el origen de la movilización está en la crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y la falta de respuestas oficiales.
La COB también denunció lo que considera una criminalización de la protesta y cuestionó las acciones judiciales emprendidas contra algunos dirigentes. Al mismo tiempo, criticó la gestión gubernamental frente a problemas como el abastecimiento de combustibles y los recientes casos vinculados al narcotráfico.
La conminatoria enviada este martes coloca la presión sobre el Ejecutivo, pero también sobre la propia organización sindical. Después de casi siete semanas de conflicto, Bolivia parece acercarse a un punto de definición. La pregunta ya no es únicamente cuánto tiempo pueden sostenerse los bloqueos, sino quién será capaz de ofrecer una salida creíble a una crisis que ha dejado de ser sectorial para convertirse en un problema nacional.
Por ahora, la propuesta de pacificación de la COB aparece como un intento de ocupar ese espacio. Sin embargo, mientras las carreteras continúen cerradas y las posiciones sigan alejadas, la paz que reclaman unos y otros seguirá siendo más una aspiración que una realidad.
