LA PAZ, 19 jul (El Libre Observador) – El presidente Luis Arce y varios de sus ministros han prestado declaración a la Fiscalía a través de un cuestionario escrito, en el marco de la investigación del fallido golpe de Estado ocurrido el pasado 26 de junio en Bolivia, informó este viernes el gobierno.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en un encuentro con periodistas, dijo que el procedimiento, que involucró también al vicepresidente David Choquehuanca, fue establecido para obtener las declaraciones de las máximas autoridades del Ejecutivo sin necesidad de su presencia física ante el Ministerio Público.
Del Castillo explicó que tanto el presidente como el vicepresidente y tres ministros ya respondieron el cuestionario entregado por la Fiscalía.
“Ya han llenado sus declaraciones correspondientes. El presidente, el vicepresidente y tres ministros”, ratificó Del Castillo. El cuestionario, enviado por la Fiscalía, fue completado y devuelto a través de un memorial, cumpliendo con las normativas especiales para altos funcionarios.
La investigación se centra en los hechos del 26 de junio, cuando un intento de golpe militar, liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, fue desarticulado.
El ministro de Gobierno señaló que hay órdenes de aprehensión pendientes y que se está verificando quiénes formaron parte del esquema de planificación y ejecución del golpe.
“Queremos tener un proceso con la menor cantidad de personas para que no sea un juicio bastante ampuloso, sino que sea un juicio mucho más sencillo y concreto contra los principales responsables con toda la información y documentación que tenemos hasta ahora y que vamos a ir colectando”, enfatizó Del Castillo.
Entre los investigados se encuentran militares en servicio activo y retirados, así como civiles. Los principales acusados incluyen a Juan José Zúñiga, el excomandante de la Armada Juan Arnez, el excomandante de la División Mecanizada Edison Irahola y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Marcelo Zegarra.
El intento de golpe, que movilizó tropas fuertemente armadas y vehículos blindados hacia la plaza Murillo, epicentro político de Bolivia, fue ampliamente denunciado como un golpe de Estado fallido. La intervención oportuna de las fuerzas leales al gobierno permitió frustrar el plan horas antes de su ejecución, asegurando así la estabilidad del país.
