LA PAZ, 24 jun (El Libre Observador) — Apenas dos días después del levantamiento de los últimos bloqueos que paralizaron Bolivia durante más de siete semanas, la batalla por las responsabilidades de la crisis comenzó a trasladarse de las carreteras a los tribunales. La exministra y exconcejal alteña Willma Alanoca quedó este miércoles formalmente imputada por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, en una decisión que amenaza con profundizar la polarización política que dejó el conflicto.
La Justicia rechazó una acción de libertad presentada por la exautoridad, quien había sido aprehendida la tarde del martes en La Paz en el marco de una investigación relacionada con las movilizaciones que durante 53 días mantuvieron bloqueadas rutas estratégicas del país y derivaron en una de las mayores crisis políticas y económicas de los últimos años.
La resolución judicial se produce en un momento en que el Gobierno de Rodrigo Paz ha endurecido su discurso y exige sanciones ejemplares contra quienes considera responsables de las pérdidas económicas, el desabastecimiento y los episodios de violencia registrados durante las protestas.
Alanoca, una figura vinculada al entorno político del expresidente Evo Morales (2006-2019) y con una larga trayectoria en el Movimiento al Socialismo (MAS), se convierte así en una de las primeras personalidades de relevancia nacional en enfrentar cargos penales relacionados con la reciente ola de movilizaciones.
Su detención marca un punto de inflexión en la estrategia oficial. Hasta hace pocos días, el Ejecutivo concentraba sus esfuerzos en recuperar el control de las carreteras y restablecer el abastecimiento de combustibles y alimentos. Ahora, con los bloqueos levantados y el estado de excepción aún vigente, la atención se desplaza hacia la identificación y procesamiento de presuntos responsables.
Desde el Gobierno se sostiene que las movilizaciones dejaron daños millonarios y que la justicia debe actuar para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. El propio presidente ha reclamado públicamente que exista firmeza judicial y que quienes ocasionaron perjuicios al país respondan ante la ley.
La defensa de Alanoca, sin embargo, denuncia una utilización política del sistema judicial. Su abogado, Marcelo Galván, cuestionó la acusación y sostuvo que los delitos atribuidos a su defendida carecen de proporcionalidad respecto a los hechos investigados.
“La denuncia fue presentada por agentes de inteligencia por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. Creemos que son excesos que se están cometiendo y estamos a tiempo de reencaminar esta situación para que no se perciba como un abuso de poder ni una persecución política”, afirmó el jurista tras la audiencia.
La controversia llega en un contexto particularmente delicado para Bolivia. El conflicto comenzó el 1 de mayo impulsado por demandas salariales y reclamos económicos promovidos por organizaciones sindicales y campesinas. Con el paso de las semanas, las reivindicaciones adquirieron un carácter más político y algunos sectores llegaron a exigir la renuncia del presidente.
La crisis provocó el cierre temporal de rutas fundamentales para el transporte nacional, afectó el abastecimiento de productos esenciales y profundizó las dificultades económicas de un país que ya enfrentaba presiones inflacionarias y escasez de divisas.
