LA PAZ, 19 may (El Libre Observador) — Siete meses después de unas elecciones que la comunidad internacional había celebrado como un ejemplo de estabilidad democrática, Bolivia vuelve a proyectar hacia el exterior la imagen opuesta con una capital política cercada por protestas, explosiones de dinamita en las calles, comercios saqueados, desabastecimiento de alimentos y una tensión política que amenaza con arrastrar al país a una nueva espiral de confrontación.
La reacción internacional llegó este martes desde Europa. La Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia difundieron un inusual comunicado conjunto para condenar la violencia registrada en Bolivia e instar a las fuerzas políticas y sociales a preservar el orden democrático.
El pronunciamiento, redactado en tono diplomático pero cargado de preocupación, llegó después de una de las jornadas más convulsas que ha vivido La Paz desde la crisis política de 2019. “La Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el texto.
La declaración resume el temor creciente de que Bolivia vuelva a entrar en un ciclo de inestabilidad permanente, en un momento en que el país ya enfrenta una profunda crisis económica, escasez de combustibles y una fractura cada vez más visible dentro de la izquierda gobernante.
El lunes, el centro de La Paz se transformó durante horas en un escenario de enfrentamiento abierto. Cinco marchas multitudinarias integradas por mineros, campesinos, maestros rurales, fabriles y sectores de la Central Obrera Boliviana descendieron hacia la Plaza Murillo, el corazón político del país, junto a grupos afines al expresidente Evo Morales.
La movilización buscaba aumentar la presión sobre el presidente Rodrigo Paz, cuya administración enfrenta crecientes cuestionamientos por el deterioro económico y los bloqueos que paralizan varias regiones del país.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y balines antidisturbios para impedir que los manifestantes atravesaran los cordones de seguridad instalados alrededor de los edificios del Ejecutivo y el Legislativo. Del otro lado, grupos movilizados lanzaron piedras, petardos y cachorros de dinamita en escenas que rápidamente derivaron en caos.
Las imágenes difundidas durante la noche mostraron vitrinas destruidas, motocicletas policiales incendiadas y comerciantes cerrando apresuradamente sus negocios mientras columnas de humo cubrían parte del casco histórico paceño.
En medio de la tensión, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó órdenes de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros 24 líderes vinculados a las movilizaciones y bloqueos.
La Policía reportó además 11 agentes heridos, dos de gravedad, y denunció el uso de explosivos artesanales durante los disturbios.
Pero más allá de los episodios de violencia, lo que preocupa tanto dentro como fuera de Bolivia es la sensación de desgaste acumulado. Los bloqueos carreteros ya afectan a seis de los nueve departamentos del país y empiezan a provocar desabastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en La Paz y El Alto.
El Gobierno insiste en que no decretará un estado de excepción, consciente de la carga histórica y política que una medida de ese tipo tiene en Bolivia. Sin embargo, el endurecimiento del discurso oficial y la creciente militarización de la seguridad muestran hasta qué punto la administración de Rodrigo Paz percibe que la crisis puede escalar rápidamente.
