LA PAZ, 29 jul (El Libre Observador) — Durante casi veinte años, el Fondo Monetario Internacional fue poco más que un símbolo incómodo en la política boliviana. Los gobiernos del Movimiento al Socialismo hicieron de la distancia con el organismo una bandera de soberanía económica, mientras el país financiaba su crecimiento con el auge de las materias primas y las reservas internacionales alcanzaban niveles récord. Hoy el escenario es radicalmente distinto. Con las arcas presionadas por la escasez de divisas, una economía que intenta recuperar la confianza y una necesidad urgente de liquidez, Bolivia vuelve a llamar a la puerta del FMI.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo técnico con el organismo para un programa de apoyo de 36 meses, un paso que todavía debe ser ratificado por el Directorio Ejecutivo del Fondo, pero que ya representa el mayor acercamiento entre ambas partes en casi dos décadas.
Más que un acuerdo financiero, el entendimiento simboliza un cambio de época. La administración de Paz ha decidido romper con una de las líneas más representativas de la política económica boliviana de los últimos años y apostar por una estrategia de apertura hacia los organismos multilaterales para enfrentar una crisis que combina déficits fiscales persistentes, caída de las reservas internacionales, escasez de dólares y un crecimiento debilitado.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el programa permitirá acceder inicialmente a más de 1.900 millones de dólares del FMI y, al mismo tiempo, abrirá la posibilidad de movilizar un paquete de financiamiento superior a los 5.000 millones de dólares mediante créditos adicionales del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones financieras internacionales.
«Este programa, que va a durar 36 meses, nos permitirá la llegada de recursos que, en principio, con el Fondo implican un poco más de 1.900 millones de dólares», afirmó Espinoza al presentar el alcance del acuerdo.
El Ejecutivo sostiene que el plan económico fue diseñado por las autoridades bolivianas y responde a prioridades nacionales. Según el Ministerio de Economía, el respaldo técnico del FMI constituye un reconocimiento a la estrategia orientada a reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer la estabilidad macroeconómica y crear condiciones para atraer inversiones y generar empleo.
Pero el regreso del FMI tiene una dimensión que trasciende las cifras. En América Latina, la relación con el organismo suele estar cargada de simbolismo político. Mientras países como Argentina y Ecuador han mantenido programas de asistencia en distintos momentos de las últimas décadas, Bolivia había optado por un camino distinto desde mediados de los años 2000, apoyada en los ingresos extraordinarios provenientes del gas natural y en un discurso que identificaba al Fondo con las políticas de ajuste estructural de los años noventa.
Ese modelo comenzó a mostrar señales de agotamiento cuando la producción y las exportaciones de gas perdieron dinamismo, el déficit fiscal se volvió estructural y las reservas internacionales iniciaron un descenso continuo. La presión sobre el mercado cambiario y la creciente dificultad para acceder a divisas terminaron por acelerar la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento.
La llegada de Rodrigo Paz al poder, a finales de 2025, abrió un viraje en esa estrategia. Su Gobierno impulsó una flexibilización gradual del régimen cambiario, inició conversaciones con inversionistas privados, promovió reformas para atraer capitales y reanudó el diálogo con organismos multilaterales, convencido de que la recuperación económica requería recuperar la confianza internacional.
En ese contexto, el acuerdo técnico con el FMI aparece como una pieza central de una estrategia más amplia. Además del financiamiento, el Gobierno espera que el aval del organismo actúe como un sello de credibilidad frente a los mercados y facilite el acceso a nuevos créditos y proyectos de inversión.
El programa contempla reformas dirigidas a fortalecer las finanzas públicas, modernizar el marco monetario y financiero, mejorar la competitividad de la economía, reforzar las redes de protección social y aumentar la transparencia institucional. El Ejecutivo insiste en que esas medidas serán aplicadas bajo criterios definidos por Bolivia y no como una imposición externa, consciente de la sensibilidad política que históricamente ha rodeado cualquier acercamiento con el Fondo.
Sin embargo, el proceso aún no está concluido. El acuerdo deberá ser evaluado por el Directorio Ejecutivo del FMI, que tendrá la decisión definitiva sobre su aprobación y sobre el calendario de desembolsos.
Si recibe el visto bueno, Bolivia no solo accederá a recursos frescos en un momento de fuerte presión económica. También consolidará un giro en su política exterior financiera, dejando atrás años de distanciamiento con los grandes organismos internacionales para volver a integrarse a un sistema de financiamiento que considera indispensable para sostener la recuperación.
El desafío comenzará después. El éxito del programa no dependerá únicamente de la llegada de miles de millones de dólares, sino de la capacidad del Gobierno para transformar ese respaldo financiero en crecimiento, inversión y estabilidad. Porque, en una economía donde la confianza se ha convertido en uno de los bienes más escasos, el verdadero examen empezará cuando el dinero llegue y las reformas deban demostrar que pueden cambiar el rumbo de un país que busca dejar atrás una de las etapas más complejas de su historia económica reciente.
