LA PAZ, 28 jul (El Libre Observador) — Las largas filas se han convertido en el nuevo paisaje del transporte pesado boliviano. Centenares de camiones inmóviles frente a los surtidores, motores apagados, conductores durmiendo en las cabinas y mercancías esperando cruzar las fronteras describen una crisis que ya no se mide únicamente por los litros de combustible faltantes, sino por el tiempo perdido y el costo económico que comienza a extenderse por toda la cadena exportadora. Para miles de transportistas, la carretera dejó de ser el principal obstáculo; ahora lo es la estación de servicio.
Durante años, el transporte pesado fue uno de los engranajes silenciosos del comercio exterior boliviano. Sus camiones cruzaban diariamente las fronteras hacia Chile, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay transportando minerales, alimentos, manufacturas y mercancías de exportación e importación. El transporte de pasajeros de buses interdepartamentales también quedó afectado con daños económicos incalculables.
Hoy, buena parte de esa maquinaria permanece inmóvil, atrapada en largas filas para conseguir un combustible que se ha convertido en el recurso más escaso de la economía boliviana.
La Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional declaró este martes al sector en estado de emergencia y convocó para este miércoles un ampliado nacional en Cochabamba que podría marcar un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y uno de los pilares del comercio exterior del país.
La advertencia es clara, pues si no aparecen soluciones inmediatas, los transportistas evaluarán medidas extraordinarias que podrían incluir la suspensión del pago de peajes, impuestos y obligaciones bancarias, e incluso una declaración simbólica de quiebra nacional del sector.
La fotografía que describe mejor la crisis no proviene de un puerto ni de una frontera, sino de cualquier estación de servicio del país. Allí, decenas de tractocamiones permanecen estacionados durante días enteros esperando cargar diésel. Los motores permanecen apagados para ahorrar el poco combustible disponible, mientras los conductores convierten las cabinas en dormitorios improvisados.
«De siete días, cuatro hacemos fila y solo tres trabajamos», resume Marcelo Cruz, dirigente del Transporte Pesado Internacional. La frase sintetiza el deterioro de una actividad cuya rentabilidad depende precisamente de que los vehículos permanezcan en movimiento.
El problema va mucho más allá del tiempo perdido. Cada camión detenido representa cuotas bancarias que siguen venciendo, salarios que deben pagarse y contratos internacionales que corren el riesgo de incumplirse. El sector calcula que cerca del 50 % de la flota nacional permanece paralizada, una cifra que refleja el alcance de una crisis que amenaza con encarecer aún más las exportaciones bolivianas.
Los transportistas sostienen que la escasez ya obliga a modificar la logística internacional. Muchos camiones parten sin completar sus tanques porque las estaciones limitan la venta de combustible, obligando a realizar nuevas paradas durante el recorrido para intentar abastecerse nuevamente. Lo que antes era un viaje continuo ahora se convierte en una sucesión de esperas inciertas que retrasan entregas, elevan costos y erosionan la confianza de los clientes.
Mientras el Gobierno atribuye parte del problema a dificultades logísticas para la descarga de combustibles en los puertos del Pacífico, el sector rechaza esa explicación. Los dirigentes sostienen que la verdadera causa radica en la escasez de divisas necesarias para financiar las importaciones de diésel, una limitación que, aseguran, se agravó después de los prolongados bloqueos que afectaron la actividad económica y redujeron el ingreso de dólares por exportaciones.
En ese contexto, el reciente anuncio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la descarga de 48 millones de litros de combustible en el puerto chileno de Arica no logró disipar la incertidumbre. Para los transportistas, ese volumen apenas cubriría algunos días del consumo nacional y no resolvería un problema que consideran estructural. Además, recuerdan que, entre la descarga, el transporte y la distribución transcurren varios días antes de que el diésel llegue efectivamente a los surtidores.
La emergencia del transporte pesado trasciende las demandas de un solo sector. Cada camión detenido significa minerales que no llegan a los puertos, alimentos que retrasan su distribución, importaciones que permanecen inmovilizadas y exportaciones que pierden competitividad. En un país donde el comercio exterior depende en gran medida del transporte terrestre, la falta de diésel ha dejado de ser únicamente un problema energético para convertirse en un indicador de las tensiones que atraviesa la economía boliviana.
La asamblea convocada para Cochabamba decidirá los próximos pasos de un sector que asegura haber agotado el diálogo. Si las amenazas se materializan, Bolivia podría enfrentar una nueva etapa de conflictividad económica, esta vez impulsada no por bloqueos de carreteras, sino por la incapacidad de mantener en movimiento a quienes viven precisamente de recorrerlas.
