LA PAZ, 31 jul (El Libre Observador) — La crisis institucional en Bolivia dio un nuevo salto este viernes después de que las denuncias del comandante general de la Policía, Mirko Sokol, dejaran de ser un episodio aislado para convertirse en un conflicto que alcanza al propio Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La ausencia de una investigación pública y de una respuesta oficial sobre las acusaciones ha alimentado las críticas de la oposición, que sostiene que el Ejecutivo ha optado por el silencio frente a denuncias formuladas desde el corazón del aparato estatal.
El exdiputado y político opositor Tomás Monasterio afirmó que la controversia ya no gira únicamente en torno a un audio o a declaraciones individuales, sino que evidencia una fractura entre instituciones del Estado. «La crisis ya no es un audio. Es el Estado hablando contra el Estado», sostuvo al referirse a las acusaciones realizadas por el máximo jefe policial.
La polémica comenzó cuando Sokol denunció públicamente la supuesta existencia de un fondo de 2 millones de dólares destinado, según dijo, a influir en la designación del próximo comandante de la Policía y cuyos recursos estarían dirigidos a las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo.
Días después, el mismo comandante cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas al señalar que no estarían cumpliendo plenamente su misión frente al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
Para Monasterio, la gravedad de estas afirmaciones trasciende el ámbito policial porque comprometen directamente al Ejecutivo. A su juicio, si un comandante en funciones denuncia presuntas irregularidades que alcanzarían a las máximas autoridades del Gobierno y, posteriormente, cuestiona el desempeño de otra institución del Estado sin que exista una reacción oficial proporcional, el problema deja de ser exclusivamente institucional y pasa a convertirse en una crisis de gobernabilidad.
El opositor sostuvo que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira tiene la obligación política e institucional de esclarecer las acusaciones y determinar responsabilidades. En su criterio, la falta de acciones visibles para investigar los hechos o desmentirlos con pruebas fortalece la percepción de que el Ejecutivo permanece inactivo frente a denuncias que involucran a la propia estructura estatal.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Monasterio recordó que el comandante policial primero denunció un presunto intento de interferir en la sucesión del mando policial mediante recursos económicos y, posteriormente, responsabilizó a las Fuerzas Armadas por supuestas falencias en la lucha contra el crimen organizado. «El Estado ha empezado a acusarse a sí mismo», escribió.
«Los bolivianos tienen derecho a saber cuál de estas instituciones está diciendo la verdad», añadió el exlegislador, quien consideró que el silencio del Ejecutivo ya no constituye una estrategia política, sino un elemento que profundiza la incertidumbre institucional. «Cuando el Estado se acusa a sí mismo de hechos tan graves, el silencio ya no protege al Gobierno. Agrava la crisis», afirmó.
Las declaraciones se producen en un momento de creciente presión sobre la administración de Rodrigo Paz Pereira, que enfrenta cuestionamientos de distintos sectores por la mala gestión ante la crisis económica, de la seguridad y por la ausencia, hasta ahora, de una investigación pública que esclarezca las denuncias formuladas por el comandante de la Policía.
Para la oposición, la inacción del Ejecutivo ha dejado de ser un problema de comunicación y se ha convertido en un factor que amplifica la crisis institucional, al no ofrecer respuestas sobre acusaciones que involucran a las principales estructuras del Estado.
