COCHABAMBA, 31 jul (El Libre Observador) — Un caso de presuntos abusos sexuales contra dos adolescentes en Cochabamba sumó un nuevo episodio que ha encendido las alarmas sobre la protección de las víctimas y el control dentro del sistema penitenciario. La defensa de la familia denunció que el abogado Ludwing Ledezma Fernández, detenido preventivamente desde diciembre de 2025 e investigado por delitos de violación agravada y proxenetismo, continúa realizando amenazas telefónicas desde la cárcel contra las dos adolescentes, su madre y la fiscal que dirige la investigación.
La denuncia plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en los centros penitenciarios del país, después de que un informe de la Dirección de Régimen Penitenciario estableciera que las llamadas denunciadas fueron efectuadas desde líneas telefónicas instaladas en el penal de San Antonio, en Cochabamba, donde el investigado permanece recluido.
Según el abogado de la familia, Hugo Iriarte, el proceso judicial se originó tras la denuncia de que dos adolescentes, de 15 y 17 años y residentes en el municipio de Sacaba, fueron captadas mediante la intervención de un tercero y posteriormente fueron víctimas de agresiones sexuales. Debido a la gravedad del caso, ambas menores tuvieron que cambiar de domicilio en dos oportunidades para resguardar su seguridad.
Ledezma, de 45 años, fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en diciembre de 2025 y posteriormente enviado con detención preventiva por decisión judicial. El proceso lo investiga por los presuntos delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente y violación agravada.
La nueva denuncia surgió después de que la defensa solicitara establecer el origen de varias llamadas telefónicas con contenido intimidatorio. De acuerdo con Iriarte, el informe elaborado por Régimen Penitenciario confirmó que el penal de San Antonio dispone de tres líneas telefónicas administradas por la cooperativa Comteco y que las verificaciones realizadas permitieron identificar que las comunicaciones denunciadas se efectuaron desde esas instalaciones.
El documento fue remitido a la fiscal Claudia Paredes para su incorporación al expediente y la adopción de las actuaciones investigativas correspondientes, según explicó el abogado de la familia.
Ante estos antecedentes, la defensa pidió al Ministerio Público ampliar las medidas de protección para las víctimas, su entorno familiar y la fiscal del caso, además de investigar el presunto uso indebido de los sistemas de comunicación del recinto penitenciario mientras el imputado permanece privado de libertad.
Iriarte también solicitó que la Fiscalía gestione el traslado del detenido a un penal de mayor seguridad, como Chonchocoro, en La Paz, o Kantumarca, en Potosí. A su juicio, esa medida contribuiría a evitar nuevas intimidaciones y garantizar el normal desarrollo de una investigación considerada de alta sensibilidad.
Hasta el cierre de esta información, ni la Dirección de Régimen Penitenciario, ni el Ministerio Público, ni la defensa del investigado habían emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias formuladas por la familia.
El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán establecer si las llamadas denunciadas fueron realizadas desde el centro penitenciario, determinar las eventuales responsabilidades administrativas o penales y definir si corresponde reforzar las medidas de protección para las víctimas, cuya identidad permanece en reserva por tratarse de menores de edad.
