LA PAZ, 14 may (El Libre Observador) — La dinamita volvió a retumbar en el centro político de Bolivia. El estruendo seco de los “cachorros” lanzados por mineros cooperativistas se mezcló este jueves con el humo de los gases lacrimógenos y el retumbar de las dinamitas en las calles de La Paz, una ciudad acostumbrada a las protestas, pero que ahora observa con creciente inquietud cómo la tensión social comienza a desbordar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Desde temprano, columnas de mineros descendieron desde El Alto hacia el centro paceño. Llegaron en caravanas improvisadas, algunos cubiertos con cascos y ponchos oscuros, otros haciendo estallar cartuchos de dinamita como advertencia de que no retrocederían fácilmente. La Policía, apostada en varios anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo, el corazón del poder boliviano, respondió con gases lacrimógenos para impedir el avance.
Durante varias horas, el centro histórico paceño se convirtió en un escenario de persecuciones, humo y tensión. Comerciantes cerraron apresuradamente sus puestos; transeúntes corrían buscando escapar de los gases; turistas observaban desconcertados una postal que Bolivia conoce demasiado bien: la del conflicto permanente.
La nueva jornada de violencia ocurre en medio de una crisis política y social que escala rápidamente. El Gobierno denunció que los bloqueos de carreteras instalados desde la pasada semana ya provocaron la muerte de dos personas que no lograron recibir atención médica a tiempo.
Según el Ejecutivo, una mujer de nacionalidad beliceña murió mientras era trasladada hacia un hospital por la ruta de Desaguadero, en la frontera con Perú. Otra mujer falleció cuando una ambulancia intentaba encontrar rutas alternas para evitar los puntos de bloqueo en La Paz. El Gobierno responsabilizó directamente a las protestas.
“El Gobierno nacional exige el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida”, señaló un comunicado oficial difundido mientras la ciudad era cubierta por gases y detonaciones.
Pero las calles parecen contar otra historia: la de un descontento que dejó de ser sectorial y comienza a expandirse entre sindicatos, organizaciones campesinas, obreros y sectores urbanos golpeados por la inflación, la escasez de dólares y el deterioro económico.
Aunque los dirigentes de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz insistieron en que sus demandas son independientes de las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la protesta minera terminó alimentando la misma atmósfera de presión política contra el Ejecutivo.
Muchos de los manifestantes coreaban consignas contra el presidente Paz y pedían abiertamente su renuncia. Otros denunciaban la falta de combustibles, el incremento del costo de vida y la ausencia de respuestas oficiales frente a la crisis económica.
El líder minero Ladislao Prado aseguró que los cooperativistas llegaron a La Paz con una agenda propia, vinculada a demandas productivas y económicas. Sin embargo, la marcha terminó absorbida por el clima general de confrontación que vive el país.
En los alrededores de la Plaza Murillo, la Policía reforzó el resguardo de la Casa Grande del Pueblo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cada intento de los mineros por avanzar era respondido con nuevas ráfagas de gases. Cada repliegue terminaba con una nueva reorganización de los manifestantes.
La escena parecía resumir el momento político boliviano: un Gobierno atrincherado, sectores sociales cada vez más radicalizados y una sociedad atrapada entre el desgaste económico y el miedo a que el conflicto derive en una espiral más peligrosa.
Mientras tanto, los bloqueos continúan en varias rutas del país. Ambulancias detenidas, cisternas retenidas y mercados afectados por el desabastecimiento comienzan a profundizar el nerviosismo ciudadano.
