LA PAZ, 17 ago (El Libre Observador) — En Bolivia, la crisis económica comienza a convertirse en una discusión sobre algo más profundo que el precio del combustible, la falta de dólares o el agujero energético. El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ha puesto sobre la mesa una interrogante política mayor de si el país quiere cambiar de rumbo, ¿debe cambiar también las reglas con las que funciona el Estado?
La respuesta de Quiroga es afirmativa. El líder de la alianza Libre presentó este lunes en Cochabamba un proyecto de reforma parcial de la Constitución Política del Estado con cinco grandes ejes referidos a la apertura económica, reforma de la justicia, fortalecimiento de la Asamblea Legislativa, autonomías y digitalización.
El planteamiento aparece exactamente un año después de las elecciones generales de 2025 y en un momento en que Bolivia atraviesa una combinación especialmente incómoda de problemas de escasez de combustibles, dificultades para generar divisas, presión sobre las cuentas públicas y temor por el abastecimiento energético. Quiroga ha elegido ese escenario para convertir la Constitución en el campo de batalla de una nueva etapa política.
“Si no cambiamos Bolivia va a colapsar y el cambio es la reforma a la Constitución”, afirmó durante una exposición de más de media hora. Su diagnóstico es deliberadamente contundente: sin modificaciones estructurales, sostiene, el país difícilmente podrá atraer inversiones y recuperar su capacidad productiva.
La propuesta tiene un destinatario evidente, aunque Quiroga insista en que no se trata de una reforma diseñada para un Gobierno. El expresidente cuestionó al Ejecutivo de Rodrigo Paz por considerar que no ha desmontado suficientemente la estructura económica heredada del Movimiento al Socialismo (MAS) hace dos décadas.
El primer gran cambio que propone es económico. Libre plantea modificar la cuarta parte de la Constitución, dedicada a la estructura y organización económica del Estado, para revisar las reglas sobre inversión, recursos naturales, hidrocarburos, agua, crédito y presupuesto. En el fondo, la propuesta busca abrir más espacio al capital privado y extranjero y establecer condiciones de mayor seguridad jurídica.
Es una apuesta que toca uno de los nervios centrales del modelo construido durante los años de predominio del MAS: el papel del Estado como protagonista de la economía. Quiroga pretende desplazar ese centro de gravedad y complementarlo con mecanismos de arbitraje internacional y mayores garantías para los inversores.
La segunda batalla está en los tribunales. La oposición plantea una reforma de la justicia para combatir la impunidad y convertir la seguridad jurídica en una condición para la recuperación económica. La lógica de Quiroga es directa al señalar que no habrá inversión sostenible si las reglas no ofrecen garantías y si las instituciones encargadas de hacerlas cumplir carecen de credibilidad.
El tercer eje apunta al poder político. Libre quiere reducir el presidencialismo y dar mayor peso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en fiscalización como en representación y control. Entre las propuestas figura que, si el Parlamento no aprueba el presupuesto, continúe vigente el del año anterior para evitar que la administración pública quede paralizada. También plantea ampliar las capacidades de investigación del Legislativo.
El cuarto frente lleva la discusión fuera de La Paz. Quiroga sostiene que el régimen autonómico vigente ha quedado corto frente a las expectativas de las regiones y recuerda que el debate lleva casi dos décadas. Su reforma pretende revisar la distribución territorial de competencias y devolver protagonismo a las autonomías.
El quinto eje mira hacia un país que todavía no termina de resolver problemas básicos de infraestructura y energía, pero que ya debe enfrentarse a la inteligencia artificial. Quiroga propone constitucionalizar una visión de Estado capaz de incorporar la digitalización y las nuevas tecnologías a la economía, la educación y la administración pública.
La propuesta, sin embargo, no nace en un vacío político. Quiroga fue rival de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales de 2025 y terminó como una de las principales figuras de la oposición. El proyecto constitucional puede convertirse ahora en una plataforma para medir la capacidad de Libre para articular una alternativa frente al Gobierno.
El expresidente ha pedido que el debate no se convierta en una disputa personal. También ha señalado que la primera parte de la Constitución, relacionada con los principios fundamentales del Estado, no debe ser modificada. Su objetivo declarado es abrir una discusión nacional sobre las reglas que considera necesarias para superar la crisis.
El calendario también tiene una limitación. Quiroga sostiene que el proceso debe comenzar en septiembre, una vez concluido el Estado de Excepción vigente, que restringe las movilizaciones.
Así, la propuesta llega cuando Bolivia todavía intenta resolver problemas inmediatos, combustibles, energía, inversión y estabilidad económica, y la oposición plantea una solución que mira mucho más lejos: cambiar la arquitectura constitucional para cambiar el modelo de país.
La discusión apenas comienza. Pero el movimiento de Quiroga ya ha desplazado el debate político desde la emergencia económica hacia una cuestión de fondo de qué Estado quiere Bolivia después de casi dos décadas de predominio de un modelo que la oposición considera agotado.
La respuesta no dependerá únicamente de Libre. Para reformar la Constitución se necesitarán acuerdos políticos y un proceso institucional capaz de convertir una propuesta opositora en un pacto nacional. Ese será el verdadero desafío de convencer a una Bolivia golpeada por la crisis de que cambiar las reglas puede ser, esta vez, el comienzo de la salida y no una nueva fuente de incertidumbre.
