LA PAZ, 17 ago (El Libre Observador) — Las filas frente a los surtidores se han convertido en una de las imágenes más persistentes de la crisis boliviana. Camiones detenidos, conductores que esperan durante horas y empresas que necesitan combustible para seguir funcionando resumen un problema que ya no pertenece únicamente a las estaciones de servicio. Ahora el Gobierno de Rodrigo Paz ha decidido cambiar las reglas del diésel para intentar resolverlo.
El Decreto Supremo 5676 fija en 18 bolivianos por litro el precio referencial para los grandes consumidores, mientras mantiene en 9,80 bolivianos el valor subvencionado para transportistas y particulares. La diferencia no es menor: supone un salto de alrededor del 84% para los sectores alcanzados por la nueva tarifa y marca, al mismo tiempo, un paso más hacia un mercado de combustibles menos dependiente de la subvención estatal.
El Gobierno insiste en que la medida no debe traducirse en una subida de los alimentos. Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, repitió este lunes que los consumidores que utilizan menos de 120 litros no estarán afectados y seguirán comprando diésel al precio regulado. Su argumento es sencillo: si el transporte y los pequeños consumidores mantienen el precio anterior, el aumento para los grandes compradores no tendría por qué llegar a la canasta familiar.
Pero la economía rara vez se mueve siguiendo líneas tan rectas.
El diésel no solo mueve camiones. También mueve cosechadoras, maquinaria, industrias y buena parte de la cadena que lleva un producto desde el campo hasta el mercado. El Gobierno confía en que la segmentación del precio impedirá que el ajuste se filtre hacia los consumidores; el verdadero examen será comprobar si esa frontera entre grandes consumidores y el resto de la economía puede mantenerse cuando el combustible escasea.
La apuesta de La Paz tiene, además, una segunda cara. Al elevar el precio para los compradores de grandes volúmenes, el Ejecutivo pretende hacer rentable una actividad que hasta ahora resultaba poco atractiva para los importadores privados.
Aramayo sostiene que el antiguo esquema desincentivaba la llegada de combustible privado porque no permitía competir con un precio interno subvencionado. Ahora, con un valor de referencia de 18 bolivianos, el Gobierno espera que aparezcan nuevos proveedores y que la competencia contribuya a terminar con las distorsiones y las filas.
La palabra que más repiten las autoridades es “sinceramiento”. Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos, ha presentado el decreto como una herramienta para regularizar la provisión, reducir las colas y acercar el precio del combustible a sus costos reales. El Ejecutivo reconoce así, aunque con otro lenguaje, una de las contradicciones que han acompañado durante años al modelo boliviano: importar caro para vender barato mientras el Estado absorbe la diferencia.
La nueva arquitectura divide a los consumidores por volumen. Los usuarios directos comprenden compras de entre 120 y 5.000 litros mensuales; los clientes directos, entre 5.000 y 19.999 litros; y los grandes consumidores, desde 20.000 litros. Para estos segmentos se establece el precio referencial, mientras el esquema regulado continúa para el resto.
Es, en esencia, una prueba de transición. Bolivia intenta salir de un sistema en el que el Estado sostiene buena parte de la diferencia entre el precio internacional y el precio doméstico, sin atreverse todavía a trasladar ese ajuste a todos los consumidores. El resultado es un mercado partido en dos: uno subvencionado y otro que empieza a mirar directamente hacia el precio internacional.
El Gobierno defiende que esa fórmula permitirá combatir también el contrabando y la reventa. El combustible barato, sostiene, ha creado un incentivo para que parte del diésel subvencionado termine fuera de los canales legales. El nuevo precio para los grandes consumidores busca cerrar esa brecha y reducir el atractivo de ese negocio clandestino.
Sin embargo, la medida llega cuando el problema más urgente sigue siendo el abastecimiento. Las filas continúan en varias ciudades del país y el diésel se ha convertido en uno de los termómetros más visibles de la fragilidad económica boliviana. El decreto promete ordenar el mercado; todavía falta comprobar si consigue llenar los surtidores.
Ahí está la paradoja de la nueva política: el Gobierno pide paciencia a una población que lleva meses haciendo fila y, al mismo tiempo, apuesta por un mecanismo de mercado cuyos resultados dependerán de que los privados efectivamente importen combustible y de que exista suficiente oferta.
Los 18 bolivianos son, por ahora, una cifra y también un mensaje. Para los grandes consumidores, significa acercarse al precio real. Para el Estado, supone comenzar a retirar parte de la carga de la subvención. Para los importadores privados, es una invitación a entrar en un negocio que hasta ahora tenía pocos incentivos. Y para las familias, una promesa de que el cambio no termine encareciendo la comida.
La credibilidad de esa promesa se jugará en los mercados y en los surtidores. Si llegan las cisternas y desaparecen las filas, el Gobierno podrá presentar el decreto como el comienzo de una normalización. Si el combustible sigue faltando o los mayores costos terminan trasladándose a los alimentos, los 18 bolivianos dejarán de ser únicamente el precio del diésel para convertirse en el símbolo de una nueva etapa de la crisis económica boliviana.
