LA PAZ, 10 jun (El Libre Observador) – La tensión en Bolivia se intensifica con el anuncio del transporte pesado de un bloqueo indefinido de carreteras y el cierre de fronteras a partir del 17 de junio.
Esta drástica medida fue acordada en una reunión nacional celebrada en Oruro, con la participación de representantes de siete de los nueve departamentos del país. Los transportistas exigen soluciones inmediatas a la escasez de diésel, la falta de acceso a dólares y la abrogación del Decreto Supremo 5146, el cual elimina la obligación de inscripción en cámaras de transporte para optar a contratos.
En la reunión de Oruro, los líderes del sector dejaron clara su disposición a dialogar directamente con el presidente Luis Arce, rechazando cualquier intermediación ministerial.
El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Héctor Mercado, enfatizó la urgencia de sus demandas, que incluyen la renuncia del presidente de Impuestos Nacionales y del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
La protesta también exige la salida de varios funcionarios de las regionales de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional, señalados de haber sido designados por favoritismo político y no por méritos.
La situación se agrava con la movilización de los transportistas, quienes planean desplegar camiones y cisternas en puntos estratégicos del país y en los pasos fronterizos.
Las terminales de La Paz y El Alto ya suspendieron las salidas de buses interdepartamentales e internacionales debido a los bloqueos, generando un caos en el transporte terrestre.
La Central de Camioneros de El Alto, que se movilizó desde tempranas horas del lunes, exige una serie de demandas incluyendo el suministro de carburantes y acceso a dólares, cruciales para la operatividad del sector.
El panorama es complicado, con bloqueos adicionales en la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, provocados por conflictos sociales y demandas de obras públicas.
Ante este escenario, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, calificó las movilizaciones como maniobras políticas para desestabilizar el gobierno, acusando a opositores y seguidores del expresidente Evo Morales de estar detrás de estas acciones.
En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, culpó a la oposición de bloquear créditos necesarios para la construcción de obras paralizadas.
Mientras el país se prepara para una semana de incertidumbre, la medida extrema de los transportistas amenaza con paralizar sectores clave de la economía y agravar las tensiones políticas.
Con el bloqueo indefinido y el cierre de fronteras, Bolivia se enfrenta a un desafío que pondrá a prueba la capacidad del gobierno para negociar y resolver una crisis de profundas implicaciones sociales y económicas.
