LA PAZ, 23 nov (El Libre Observador) – El Juzgado de Sentencia Penal Nº 2 de Ivirgarzama, Cochabamba, emitió una sentencia contundente condenando a seis exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez por su implicación en la paralización de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo durante el año 2020.
Los condenados, entre ellos el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de YPFB Herland Javier Soliz, enfrentan graves cargos por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía, a través de un comunicado oficial, destacó que durante el juicio oral se presentaron pruebas contundentes que establecieron la culpabilidad de los seis exfuncionarios en la paralización injustificada de la planta.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, detalló las penas impuestas: Zamora y Soliz deberán cumplir ocho años de prisión en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
Por su parte, Jorge Blancourt, Oscar Boutier y Carlos Manuel Segundo, también sentenciados a ocho años de cárcel, cumplirán sus penas en el penal de El Abra, Cochabamba. Mientras tanto, Ivert Oliva deberá cumplir una condena de cinco años y cuatro meses en el mismo penal de El Abra.
La investigación fiscal reveló que la paralización de la planta de urea se produjo ante la sola mención de una auditoría por parte del entonces ministro de Hidrocarburos y Energía. Esta decisión, sin fundamentos técnicos o legales adecuados, no solo detuvo la producción y comercialización del producto, sino que también generó un deterioro en los equipos.
Además, se mencionó que existían contratos vigentes para la comercialización de urea, así como demandas y propuestas de contratos para la compra del producto tanto en el mercado interno como externo, ocasionando un perjuicio económico millonario para el Estado.
Los fiscales anticorrupción de Cochabamba, Emeterio Ortega y Marcelo Villarroel, responsables de este caso, subrayaron que la determinación arbitraria de paralizar la planta de urea no solo afectó la producción y comercialización, sino que también resultó en un daño significativo a la economía estatal, un hecho que ha sido considerado como una de las condenas más significativas en la historia reciente de Bolivia en relación con casos de corrupción gubernamental.
