LA PAZ, 4 feb (El Libre Observador) — Choferes del transporte público de varias regiones de Bolivia salieron este miércoles a las calles para denunciar la deficiente calidad de la gasolina importada y distribuida por el Estado, un combustible que —aseguran— está dañando motores, paralizando motorizados y elevando aún más los costos de un sector ya golpeado por el fin de la subvención.
Las movilizaciones se extendieron desde La Paz y El Alto hasta Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con bloqueos intermitentes, marchas y concentraciones frente a instalaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El reclamo es común: resarcimiento por los daños mecánicos y garantías sobre la calidad del combustible que llega a los surtidores.
En Oruro, la tensión escaló cuando choferes del transporte público protestaron en las puertas de una planta de YPFB y fueron dispersados con gas lacrimógeno por la Policía. Las imágenes se replicaron en redes sociales y noticieros, mientras los dirigentes denunciaban que el problema no es nuevo. “Hace meses venimos cargando gasolina de mala calidad”, repetían los manifestantes.
La petrolera estatal reconoció la existencia de “casos específicos” de gasolina con parámetros inferiores en algunos tanques, vinculados a adquisiciones anteriores, y la presencia de concentraciones elevadas de gomas y manganeso. Para los transportistas, la explicación no alcanza. En La Paz y El Alto, los sindicatos del Transporte Libre aseguran que más de 300 unidades presentan fallas mecánicas asociadas al combustible.
El conflicto estalló en un momento especialmente sensible. Tras la eliminación de la subvención, los precios de los carburantes subieron de forma abrupta, y el sector esperaba —dicen— una mejora en la calidad del producto. “Pagamos más y recibimos un combustible que arruina los motores”, denunció uno de los dirigentes durante una protesta en el centro paceño.
En Santa Cruz, el mayor polo económico del país, los bloqueos afectaron carreteras clave del norte integrado y accesos urbanos, provocando largas filas de vehículos. Allí, los transportistas reportan más de 150 micros parados en talleres y otros 50 bajo revisión, incluidos vehículos nuevos. Mecánicos consultados por los sindicatos hablan de “carbonilla” en los motores, un residuo asociado a componentes no declarados en el combustible.
Desde el Gobierno, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, llamó al diálogo y aseguró que se están investigando las denuncias. Las estaciones de servicio, por su parte, se deslindan de responsabilidades.
Mientras tanto, el malestar crece. Con muestras de gasolina oscura en botellas y autopartes dañadas como prueba, los choferes advierten que, si no hay una respuesta concreta, las protestas se ampliarán a escala nacional. En un país donde el transporte público es el pulso cotidiano de las ciudades, el conflicto amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión social y política.
