LA PAZ, 22 jul (El Libre Observador) — La tensión social en Bolivia no da tregua. En el segundo trimestre del presente año respecto al primero, los hechos de conflictividad se incrementaron en un alarmante 66%, pasando de 103 a 171 casos, según revela el segundo Informe de Conflictividad en Bolivia elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Las demandas de la población boliviana son diversas y abarcan desde temas laborales y de gobernanza hasta económicos, educativos y medioambientales. Entre las principales medidas de presión utilizadas por los grupos movilizados se encuentran los bloqueos de caminos (48 casos), las marchas (45) y las declaraciones de estado de emergencia (39).
El bloqueo de carreteras se ha convertido en la principal herramienta de los sectores sociales para exigir sus demandas a las autoridades. Sin embargo, esta medida también genera un impacto negativo en la economía nacional, afectando el transporte de productos, el comercio y la actividad productiva en general.
Los conflictos laborales ocupan un lugar preponderante en el panorama actual, con 43 casos relacionados con la falta de pago de salarios y contrataciones irregulares. A estos se suman 28 casos vinculados a la gobernanza, 18 por temas económicos, 18 por problemas educativos y 13 por motivos medioambientales.
El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos registrados, con 41 casos. Le siguen Cochabamba (27), Potosí (25), Chuquisaca (23), Santa Cruz (21), Beni (20), Tarija (10), Oruro (3) y Pando (1).
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, ha hecho un llamado urgente al Estado para mejorar sus mecanismos de gestión de la conflictividad y evitar que el bloqueo de caminos sea la única vía para la resolución de demandas.
«Hay una necesidad imperiosa de mejorar los mecanismos de gestión de conflictividad como única forma de resolver estos conflictos, estas demandas de la sociedad. Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que, oportunamente, se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado», señaló Callisaya.
La Defensoría del Pueblo también ha cuestionado la priorización de la represión policial sobre el diálogo para abordar los conflictos sociales. El caso del municipio de Caracollo (Oruro), donde las organizaciones sociales protagonizaron un bloqueo de caminos, ejemplifica esta situación. En este caso, la intervención policial derivó en enfrentamientos antes de que se lograra establecer un diálogo y una solución pacífica al conflicto.
La conflictividad social en Bolivia es un reflejo de las profundas desigualdades y demandas insatisfechas que persisten en el país. Abordar este problema de manera efectiva requiere un compromiso serio por parte del Estado para promover el diálogo, la búsqueda de soluciones consensuadas y la atención oportuna a las necesidades de la población. Solo así se podrá construir un clima de paz social y un desarrollo sostenible para Bolivia.
