LA PAZ, 27 ene (El Libre Observador) — El conflicto en Bolivia se intensifica y alcanza en su sexto día de bloqueo de caminos a 22 puntos de interrupción, comunicó este sábado el Gobierno.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, precisó que este bloqueo se concentra mayoritariamente en el departamento central de Cochabamba.
En medio de tensiones políticas y demandas de elecciones judiciales, Río informó sobre la persistencia de bloqueos que han generado una crisis tanto en la seguridad ciudadana como en la estabilidad de precios de los productos del país.
Asimismo, reveló que, de los 22 puntos de bloqueo, 19 se encuentran en Cochabamba, dejando al departamento aislado del resto del país.
Los manifestantes, mayormente concentrados en poblaciones rurales de Cochabamba, bastión político de Morales, exigen elecciones judiciales y la renuncia de magistrados y consejeros «prorrogados».
La anulación de la reelección presidencial indefinida por el Tribunal Constitucional se suma a la protesta, ya que podría dejar a Morales fuera de las elecciones de 2025, un año clave para Bolivia al celebrar su bicentenario.
Además, el Gobierno recibió una denuncia sobre posibles pagos a personas para participar en los bloqueos, lo que fue respaldado por la presentación de un video que evidenciaría estas transacciones.
Según Ríos, esto confirma la sospecha de que manifestantes están siendo financiados y movilizados desde el trópico de Cochabamba.
La medida de presión ha tenido consecuencias significativas, con 26 policías heridos, nueve personas arrestadas y la interrupción de la circulación de alimentos y combustibles hacia los mercados del occidente.
La situación ha llevado al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, a criticar la medida protagonizada por seguidores de Evo Morales, alegando que incrementa los precios, genera especulación y perjudica a la economía popular.
El bloqueo, que amenaza con pérdidas económicas diarias de hasta 128 millones de dólares, según el Gobierno, ha llevado a los empresarios a expresar su preocupación ante pérdidas que ya superan los 400 millones de dólares.
Se hace un llamado al diálogo entre las partes involucradas para encontrar una solución pacífica a la crisis.
