LA PAZ, 8 nov (El Libre Observador) — El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ratificó que el expresidente (2006-2019), Evo Morales, no podrá postularse nuevamente a la presidencia, conforme a los límites establecidos en la Constitución Política del Estado.
Se trata del Auto Constitucional 0083/2024 ECA difundido este viernes en los medios de prensa que ya fue notificado a las partes involucradas.
Con este documento, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional responde a una solicitud de enmienda, complementación y aclaración al diputado del opositor Creemos, José Carlos Gutiérrez, en el marco de una acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Miguel Balcázar en contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca.
Sin embargo, el TCP concluyó que la normativa boliviana limita a dos los períodos presidenciales, sean estos continuos o discontinuos, subrayando que cualquier ampliación contravendría el espíritu de alternancia democrática que consagra la Constitución.
El diputado de la oposición y solicitante de la revisión constitucional, José Carlos Gutiérrez, celebró el fallo calificándolo de «histórico» y como un cierre definitivo al «ciclo de reelección indefinida y caudillismo» en Bolivia.
“Hoy es un día histórico para la democracia en Bolivia”, afirmó el legislador, quien añadió que la sentencia del TCP constituye un reconocimiento de la voluntad popular expresada en un referéndum que también rechazó la reelección indefinida.
El fallo no solo afecta a Morales, sino también a otros políticos que aspiraban a mantenerse en sus respectivos cargos. Johnny Fernández, actual alcalde de Santa Cruz, y Rubén Costas, exgobernador cruceño, figuran entre los líderes que tampoco podrán postularse a una nueva gestión.
Esta resolución afecta, asimismo, a otras figuras de la política boliviana como Ernesto Suárez y Juan del Granado, quienes igualmente quedan inhabilitados para postularse nuevamente a sus anteriores cargos.
La sentencia del TCP establece así un precedente en Bolivia, limitando la permanencia de cualquier autoridad electa en los poderes Legislativo y Ejecutivo a un máximo de diez años. Para muchos analistas, esta medida representa un hito en la consolidación democrática y un freno a la influencia de figuras políticas que han marcado la historia reciente del país.
