LA PAZ, 19 jul (El Libre Observador) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para el proceso de selección de jueces y magistrados en Bolivia. En un documento revelado este viernes, la CIDH subraya la importancia de asegurar una representación adecuada de mujeres e indígenas, reflejando así la diversidad del país.
El documento, titulado “Criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas para los Altos Tribunales y el Consejo de la Magistratura que conforman el Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia”, destaca varios lineamientos clave. Entre ellos, la implementación de un sistema de evaluación basado en méritos y capacidades profesionales, y la promoción de la participación activa de organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
El director de la ANH, Germán Jiménez, y el Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Augusto García, explicaron que en esta segunda fase de control se incrementará la cantidad de efectivos militares en 11 puntos estratégicos.
Según Jiménez, “en esta segunda fase estamos implementando en un mes 4.500 efectivos militares y 1.200 funcionarios de la ANH que van a resguardar las 24 horas estos puntos de control y evitar el contrabando de carburantes a otros países, principalmente a Perú”.
Desde el 11 de junio al 12 de julio, las autoridades incautaron 282.000 litros de combustible en diversos operativos, de los cuales el 95% era diésel. En el mismo periodo, 148 personas fueron detenidas por el desvío ilegal de carburantes, utilizados principalmente en la minería ilegal.
El viceministro García indicó que Bolivia sufre una constante pérdida económica debido al contrabando de combustibles subvencionados como diésel, gasolina y gas. El diésel es contrabandeado principalmente hacia Perú, donde su precio es significativamente más alto. El gas y la gasolina son desviados mediante conexiones privadas clandestinas o utilizados para la producción ilegal de electricidad.
García explicó que los bajos precios de los combustibles en Bolivia, debido a la política de subvención del gobierno para controlar la inflación, incentivan el contrabando. Las acciones de control incluirán el monitoreo del carguío de combustible, la fiscalización de las tarjetas de identificación y el ingreso manual de placas en sistemas de estaciones de servicio, tras detectar la repetición de tarjetas en algunos vehículos.
«Esto es un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas. Estamos desplegando personal militar y de la ANH en puntos estratégicos para garantizar que nuestros carburantes no salgan del país”, reiteró Jiménez.
Con este operativo, Bolivia busca proteger sus recursos energéticos y asegurar la estabilidad económica y energética del país.
