LA PAZ, 14 may (El Libre Observador) — El presidente Luis Arce Catacora desveló este martes la existencia de un plan de desestabilización con fines políticos que busca convulsionar Bolivia en las próximas semanas.
Según el mandatario, este plan se basa en la manipulación de una serie de temas sensibles para la población, incluyendo el recientemente abrogado Decreto Supremo 5143 de modernización de Derechos Reales.
«Hay un plan de desestabilización en marcha, con el propósito de convulsionar el país a partir de este Decreto Supremo de modernización de Derechos Reales. Quieren utilizar este y otros temas sensibles para llevar a la población a situaciones no deseadas; lo que el pueblo boliviano quiere es trabajar», enfatizó Arce en una conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo.
Para evitar dar más elementos y argumentos a los promotores de este plan, el presidente Arce anunció la abrogación del Decreto Supremo 5143. Esta decisión, según el mandatario, busca evitar la politización y la desinformación generada en torno al decreto, lo que podría contribuir al plan de convulsión social.
«Como Gobierno nacional, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo (5143) para evitar cualquier distorsión o convulsión social que se está buscando, ya que lo que menos queremos es que se utilicen este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no representan los intereses del pueblo boliviano», afirmó.
La decisión de abrogar el decreto se produce tras una reunión informativa con el Pacto de Unidad en la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Arce anunció la medida ante la preocupación de varios sectores que consideraban que el decreto atentaba contra el derecho a la propiedad privada.
Lamentó que el Decreto Supremo 5143, aprobado hace más de un mes, haya sido manipulado con fines políticos. «Su objetivo original era garantizar la propiedad privada de los bolivianos y modernizar un servicio», señaló, «pero fue tergiversado en medios de comunicación y redes sociales».
Las denuncias del presidente surgen en medio de crecientes protestas y movilizaciones de sectores cívicos y gremiales contra el decreto abrogado. La decisión de anular el decreto se produce tras una reunión con representantes del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones sociales que respaldan al gobierno.
