LA PAZ, 4 ago (El Libre Observador) — La cifra llegó con alivio: Bolivia registró una inflación mensual de 1,20% en julio, la más baja en los últimos tres meses. La noticia, en cualquier otro contexto, podría haber pasado como un dato técnico menor. Pero en un país que ha visto estallar protestas por la falta de dólares, cuyo tipo de cambio informal ha desafiado al sistema bancario oficial y donde los conflictos internos fragmentan al oficialismo, el dato representa algo más, una pausa en medio de una tormenta económica aún sin resolver.
Fue el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien se encargó de dar el anuncio, subrayando que la caída respecto al 5,25% de inflación de junio se explica, entre otros factores, por la ausencia de bloqueos políticos y sociales durante el mes pasado. “Julio fue un mes sin conflictos, y eso ayudó a estabilizar la economía”, declaró, atribuyendo parte de la anterior escalada inflacionaria a las protestas encabezadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.
La lectura técnica del INE apunta a un fenómeno claro: sin interrupciones en la logística interna, sin asfixia política sobre las rutas comerciales y con la reciente aprobación de créditos externos en el Legislativo, los precios de algunos productos —incluyendo importados— empezaron a moderarse.
El tipo de cambio paralelo, que había superado los 17 bolivianos por dólar, retrocedió a cifras por debajo de los 14. Incluso, según Arandia, el precio de los celulares y de la carne de res comenzó a bajar en varias ciudades del país.
Un alivio relativo
Pero los números esconden una realidad menos alentadora: la inflación acumulada en lo que va de 2025 ya alcanza el 16,92%, más del doble del 7,5% proyectado por el gobierno.
Se trata de una de las tasas más elevadas de los últimos años en Bolivia, un país que hasta hace poco se jactaba de tener una de las inflaciones más bajas de América Latina, gracias a un modelo de control estatal de precios, subsidios cruzados y estabilidad cambiaria sostenida por las reservas internacionales.
Ese modelo, vigente desde los años de bonanza del gas bajo la presidencia de Evo Morales, enfrenta hoy una erosión estructural. La caída de ingresos por hidrocarburos, el agotamiento de las reservas, la expansión del gasto público y la creciente dependencia del endeudamiento externo han dejado al Estado en una situación de vulnerabilidad creciente. El dólar escasea en el sistema financiero, el mercado paralelo se ha vuelto una referencia diaria, y las remesas y exportaciones no alcanzan a cubrir la demanda interna de divisas.
Expectativas frágiles
Los próximos meses serán cruciales. Si el tipo de cambio informal sigue bajando y se mantiene la paz social, el gobierno espera una progresiva reducción de precios en productos importados. El INE ya observa señales de esta tendencia en sectores como tecnología y alimentos. Pero el éxito de esa estrategia depende de que no se reanuden los bloqueos ni se profundice la fragmentación política.
Además, el panorama regional y global no ayuda. La volatilidad internacional, la apreciación del dólar y las tensiones en los mercados de materias primas reducen el margen de maniobra para economías pequeñas y dependientes como la boliviana. Cualquier shock externo —una caída de exportaciones, una subida del precio del petróleo, un giro de la Reserva Federal— podría echar por tierra los tímidos avances.
Por ahora, Bolivia celebra una desaceleración de la inflación como un pequeño triunfo en una guerra económica más profunda. Pero bajo la superficie, el malestar social, la fragmentación política y el desequilibrio fiscal siguen intactos. Y el billete más estable no necesariamente compra la estabilidad que el país necesita.
