LA PAZ, 6 sep (El Libre Observador) – La publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 en Bolivia ha generado un intenso debate nacional. A pesar de que el gobierno ha reafirmado la transparencia del proceso y se ha mostrado abierto a la fiscalización, diversas regiones del país, encabezadas por Santa Cruz, han expresado su descontento y han convocado a medidas de presión, como paros cívicos.
Las principales críticas se centran en la presunta subestimación de la población en algunos departamentos, lo que podría afectar la distribución de recursos y escaños parlamentarios. Los detractores cívicos, políticos y autoridades regionales del censo argumentan que los resultados no reflejan la realidad demográfica del país y exigen una auditoría exhaustiva.
Ante estas presiones, el gobierno boliviano ha optado por una estrategia de diálogo y transparencia.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha reiterado que el proceso censal se llevó a cabo bajo estándares internacionales y ha anunciado la conformación de una mesa técnica nacional para abordar las dudas y cuestionamientos de las regiones.
“Le decimos a la población boliviana que tenga la certeza de que el proceso censal fue transparente y está abierto a la fiscalización y revisión”, declaró.
Este gesto busca calmar los ánimos en ciudades como La Paz (oeste), El Alto (oeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), donde autoridades y movimientos cívicos han manifestado su descontento con los resultados preliminares del censo, solicitando una auditoría y cuestionando su uso para la distribución de recursos y escaños.
Los resultados del censo, publicados en marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que Bolivia cuenta con una población de 11.312.620 habitantes, un crecimiento de 1,25 millones respecto al censo de 2012.
No obstante, estas cifras están por debajo de las proyecciones del INE de años anteriores, que estimaban que el país alcanzaría los 12,3 millones de habitantes para 2024. Este desfase ha suscitado dudas en varias regiones que esperaban un crecimiento mayor.
En respuesta, la viceministra Alcón enfatizó que el INE ha puesto a disposición del público la revisión técnica de los cuestionarios censales y que se conformará una mesa técnica nacional para atender cualquier inquietud.
“Vamos a llevar adelante esta mesa nacional después de socializar los resultados en los nueve departamentos”, afirmó la portavoz gubernamental, destacando la importancia de abordar el tema con rigor técnico y no con fines políticos.
El epicentro de la controversia se encuentra en Santa Cruz, donde la Asamblea de la Cruceñidad, un conglomerado de instituciones cívicas, ha liderado un paro en rechazo a los resultados del censo.
Alcón lamentó la postura de algunos líderes locales, acusándolos de utilizar el censo con fines políticos para generar descontento y paralizar la región.
“Todo paro es un perjuicio, especialmente para aquellos que dependen de ingresos diarios. Es necesario dejar de lado los discursos políticos y enfocarse en los argumentos técnicos”, advirtió.
A pesar de las movilizaciones y las presiones regionales, el gobierno ha reiterado que la aplicación de los resultados del censo, incluyendo la redistribución de la coparticipación tributaria, seguirá adelante.
Alcón insistió en que la solución al conflicto reside en la mesa técnica de fiscalización, donde se brindarán respuestas claras a las dudas planteadas por las regiones. «Estamos ofreciendo una respuesta concreta, que es la mesa técnica. Ese es el camino para resolver este conflicto», puntualizó.
La polémica en torno al censo también tiene un trasfondo económico. La redistribución de recursos y escaños parlamentarios basada en los resultados del censo afectará directamente a las regiones, y para muchas de ellas, la menor cantidad de habitantes registrada podría traducirse en una reducción de fondos. Este es uno de los motivos por los que regiones como Santa Cruz han solicitado una revisión más exhaustiva de los datos demográficos.
Desde el punto de vista económico, cualquier retraso en la implementación de los resultados censales podría generar incertidumbre en la asignación de recursos estatales. La fiscalización del censo podría tardar meses, lo que complicaría aún más la planificación económica de los municipios y departamentos.
El gobierno ha hecho hincapié en la transparencia del proceso y en la disponibilidad de mecanismos de revisión. La mesa técnica nacional, que promete ser el espacio donde se resolverán las dudas, es vista como una medida para mitigar las críticas. No obstante, algunos sectores aún desconfían de la neutralidad del INE, a pesar del respaldo internacional que ha recibido el proceso.
La presión política sobre el gobierno de Arce está lejos de disiparse. La postura firme de algunas regiones, especialmente Santa Cruz, representa un desafío para la estabilidad política y social del país. Mientras tanto, la administración central confía en que la fiscalización y las garantías de transparencia puedan disipar las tensiones.
En las próximas semanas, Bolivia se enfrentará a un intenso debate sobre el futuro de sus políticas de distribución de recursos, con un censo que ha pasado de ser una herramienta técnica a un catalizador de controversias nacionales.
