LA PAZ, 20 sep (El Libre Observador) — El intento del gobierno boliviano de entablar un diálogo con expresidente, Evo Morales, se ha visto frustrado este viernes por un acto de violencia en la población de Ayo Ayo, que deja al descubierto la tácita división política en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la creciente tensión política.
Un emisario del presidente Luis Arce fue agredido verbal y físicamente cuando intentaba entregar personalmente una carta de invitación a Morales para dialogar en las oficinas del Ministerio de Educación en La Paz.
Las imágenes de televisión y redes sociales muestran que el mensajero de Lucho Arce fue despedido a patadas en medio de una sarta de insultos que refleja la gravedad de la crisis partidaria, que ahora parece escalar más allá de la política hacia el conflicto abierto y un posible desbordamiento de la violencia.

El enviado gubernamental apenas pudo pronunciar unas palabras antes de ser rodeado por un grupo de personas que, entre gritos de «¡vendepatrias!» y «¡arcista de m… fuera!», lo empujaron y golpearon. Las imágenes de la agresión, que incluyeron patadas y la intervención violenta de dos mujeres, recorrieron rápidamente los medios de comunicación, generando un fuerte impacto en la opinión pública.
La situación empeoró cuando un camarógrafo que cubría el incidente también fue agredido, cayendo al suelo en medio del caos.
RECHAZO AL DIÁLOGO Y DESAFÍO A ARCE
A pesar de los esfuerzos del gobierno para bajar la tensión, el líder cocalero rechazó la invitación al diálogo y, en cambio, exigió que el propio presidente Arce se trasladara a Ayo Ayo para conversar.
Este acto, que marca una clara resistencia a las intenciones de reconciliación por parte del gobierno, subraya las diferencias irreconciliables que dividen al MAS y la creciente presión por parte del sector leal a Morales para imponer su agenda, que incluye su habilitación como candidato presidencial para las elecciones de 2025.
En su recorrido hacia La Paz, la marcha liderada por Morales ha dejado un saldo preocupante de más de 30 personas agredidas, incluyendo periodistas, policías y civiles. El propio Morales ha advertido que no tiene intención de retroceder en sus demandas, a pesar de que el gobierno ya respondió su pliego el pasado 15 de septiembre, en el que se notificó formalmente la imposibilidad de su habilitación como candidato debido a las restricciones constitucionales.
Ante el clima de violencia y las continuas provocaciones, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hizo un llamado urgente a Morales para evitar una mayor escalada del conflicto. «Invitamos a Evo Morales a un diálogo para que deje de llevar al pueblo boliviano hacia una situación de conflictividad y convulsión que puede terminar con la pérdida de vidas», declaró Prada en conferencia de prensa. Sin embargo, la respuesta de Morales ha sido clara: continuar la marcha y seguir presionando para acortar el mandato de Arce.
Prada denunció ante la comunidad internacional que Bolivia está enfrentando un «nuevo atentado contra la democracia», señalando que el plan “evista” es forzar una ruptura del orden constitucional mediante la presión en las calles.
El escenario que se desarrolla en Bolivia no solo refleja una profunda división en el MAS, sino también un riesgo creciente para la estabilidad del país. La insistencia de Morales en volver a postularse a la presidencia, a pesar de los límites constitucionales, y su negativa al diálogo plantean serios desafíos al Gobierno de Arce.


