LA PAZ, 14 may (El Libre Observador) – Un nuevo escándalo golpea a la Policía boliviana. Seis efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) fueron aprehendidos en la ciudad de El Alto tras ser acusados de haber extorsionado a una mujer por una suma total de 800.000 bolivianos y 3.000 dólares en el marco de un operativo aparentemente irregular.
El hecho ocurrió el pasado sábado 11 de mayo, cuando los supuestos agentes ingresaron a un domicilio ubicado en la zona Villa Bolívar “D” de El Alto, bajo el pretexto de llevar a cabo un procedimiento por un presunto caso de robo de vehículo.
Según la denuncia, cinco hombres y una mujer, amenazaron con precintar la vivienda y detener a los familiares de la víctima si esta no accedía a entregar grandes sumas de dinero en efectivo.
Aterrada ante las amenazas, la propietaria de la casa entregó el dinero solicitado, según confirmó la fiscal del caso, Lilian Tirado. Horas después, la víctima presentó la denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio lugar a la aprehensión de los implicados y a una investigación formal por los delitos de extorsión, robo y coacción.
La fiscal Tirado explicó que el desfile identificativo fue clave para vincular a los acusados con el hecho. La víctima, junto con otros testigos, reconoció a los policías durante el procedimiento judicial. Además, cámaras de seguridad instaladas en la zona aportaron registros audiovisuales que respaldan la versión de los denunciantes.
Los aprehendidos fueron identificados por las iniciales José L.I.C., Jhonny D.C.CH., Marcelo S.H., Ronald R.P.A., Miguel V.F. y Rosa L.S.Q. Todos formaron parte del montaje del operativo fraudulento que culminó en la extorsión de la mujer.
La Fiscalía no descartó que existan más implicados y abrió la posibilidad de que este caso esté relacionado con una estructura de corrupción interna más amplia dentro de las fuerzas de seguridad.
El caso vuelve a poner en tela de juicio los mecanismos de control interno de la Policía Nacional y refuerza los cuestionamientos sobre el uso indebido de funciones por parte de efectivos encubiertos bajo procedimientos simulados.
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana, este tipo de hechos —donde se presume que quienes deben garantizar la seguridad operan como extorsionadores— representan un duro golpe a la institucionalidad y exigen una respuesta contundente desde los niveles más altos del Estado.
