SANTA CRUZ, 30 sep (El Libre Observador) — Bolivia ha declarado este lunes el estado de desastre nacional ante la magnitud de los incendios forestales que han arrasado más de 7 millones de hectáreas de bosques y pastizales, principalmente en la región de la Chiquitania.
El presidente Luis Arce, mediante el Decreto Supremo 5235, anunció la medida este lunes tras una reunión urgente con autoridades nacionales y locales para evaluar los graves daños que enfrenta el país.
El fuego, que ha mantenido en vilo al oriente boliviano durante tres meses, ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a las autoridades a solicitar apoyo internacional.
“Vamos a activar todo lo que esté en nuestras manos para enfrentar los incendios. Esta declaratoria busca cooperación externa, pero no nos detendremos, ya enviamos dos proyectos de ley al Legislativo para la contratación de créditos”, afirmó Arce ante la prensa, subrayando la gravedad de la situación.

En la reunión estuvieron presentes ministros, viceministros y autoridades del departamento de Santa Cruz, el área más afectada, donde la crisis ambiental ha provocado la destrucción de vastas zonas de biodiversidad. La región, vital para la economía del país, enfrenta su peor desastre ecológico, con impactos severos sobre la producción agrícola y ganadera.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senahmi) informó que los focos de calor superan los 10.000 en todo el territorio, siendo la Chiquitania el epicentro del desastre. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la falta de equipos especializados, han dificultado los esfuerzos de sofocación.
En respuesta a la crisis, el Gobierno ha solicitado créditos internacionales: 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos recursos se destinarán a la contratación de aviones y la atención de emergencias.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que la declaratoria permitirá la modificación de presupuestos para que todas las entidades públicas puedan priorizar la atención de la emergencia.
Mientras el Gobierno busca apoyo internacional, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, y autoridades municipales advirtieron sobre la insuficiencia de los recursos locales para enfrentar la magnitud del desastre.
La sequía y los fuertes vientos han agravado la propagación del fuego, poniendo en riesgo la economía y la seguridad alimentaria del país.
Este desastre, que ya es considerado uno de los peores en la historia reciente de Bolivia, podría traer consecuencias a largo plazo para su medio ambiente, su economía y su población. Las próximas semanas serán decisivas para contener el avance de las llamas y evitar que la devastación se profundice.


