LA PAZ, 3 oct (El Libre Observador) — La denuncia de estupro contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) ha sacudido este jueves nuevamente el escenario político del país, desencadenando un intenso debate y críticas sobre la independencia del sistema judicial y los posibles privilegios de los actores políticos.
El caso, que data de 2016, resurgió el miércoles cuando se conoció la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, seguida casi de inmediato por una acción de libertad que bloqueó su captura.
La Fiscalía Departamental de Tarija inició las investigaciones tras la denuncia impulsada por la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien fue destituida después de haber emitido la orden de aprehensión.
Gutiérrez acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de haber interferido en el proceso y presionado para su destitución, lo que generó cuestionamientos sobre una posible injerencia política en el manejo de la justicia.
Lanchipa, quien fue elegido fiscal general durante el mandato de Morales en 2018, negó haber dado instrucciones para frenar el caso.
No obstante, las críticas se intensificaron, tanto desde el gobierno como desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen que se investigue el caso a fondo y se garantice una justicia imparcial, sin favoritismos hacia Morales ni otros actores políticos.
La situación se ha vuelto aún más compleja con la intervención del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien cuestionó duramente la decisión de la juez Lilian Moreno de dejar sin efecto el mandamiento de captura contra Morales. Moreno ocupó en la gestión de la presidencia de Morales importantes cargos públicos y en 2019 fue designada juez.
“¿Qué condiciones tienen las víctimas de violación en nuestro país si tenemos esta clase de administradores de Justicia? ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura para iniciar este proceso investigativo? ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura para poder determinar cómo se sorteo casualmente hacia esa juez este expediente, que ingresó el día de ayer a las 8:10 de la mañana y antes del mediodía ya se estaba señalando una audiencia”, dijo Del Castillo.
Del Castillo criticó también el rol de Lanchipa, exigiendo un informe detallado sobre la destitución de Gutiérrez y el desarrollo del caso.
Desde la oposición, figuras como los diputados de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga y José Manuel Ormachea, han señalado directamente a Lanchipa por presuntamente proteger a Morales, pidiendo que sea procesado.
Astorga denunció que este caso refleja una vez más la utilización política de la justicia en Bolivia, lo que ha dejado a las víctimas de violación en una situación de indefensión.
Por su parte, Morales, quien sigue siendo una figura influyente dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) y cuenta con el apoyo de sectores importantes como el Trópico de Cochabamba, respondió a las acusaciones con desafiante seguridad.
En redes sociales, el exmandatario afirmó que no le sorprende esta nueva persecución, asegurando que no tiene miedo y que continuará luchando junto al pueblo boliviano.
“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”, dijo en alusión al apoyo que tiene por parte de algunos sectores indígenas.
Mientras tanto, organizaciones sociales leales a Morales, particularmente en el Trópico de Cochabamba, bastión político del cocalero, han declarado estado de alerta, denunciando lo que consideran una campaña de persecución política en su contra.
Estos grupos han advertido que se movilizarán para defender al exmandatario si las autoridades intentan proceder con su aprehensión.
Este episodio ha puesto nuevamente en el centro del debate la transparencia y credibilidad de las instituciones judiciales en Bolivia, en medio de denuncias de manipulaciones políticas y presiones tanto desde el gobierno como de la oposición.
A medida que el caso avanza, crece la expectativa sobre cómo se resolverá este escándalo y cuáles serán las implicancias para Morales y el sistema judicial del país.
