TARIJA, 16 oct (El Libre Observador) – La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Tarija reportó este miércoles la desaparición de Cindy Sarai Vargas Pozo, de 22 años, y su hija de 8 años, ambas vinculadas a un controvertido caso de estupro que involucra al expresidente Evo Morales.
La joven fue identificada como víctima de trata en un proceso judicial que sigue su curso y que ha generado intensas reacciones en el ámbito político.
De acuerdo con el afiche emitido por la FELCC, Sarai Vargas y su hija fueron vistas por última vez el 2 de octubre cerca de las 18:00 en las inmediaciones de la Unidad Educativa Adventista Spaady, en la localidad de Yacuiba.
Lo que llama la atención es que su desaparición ocurrió 48 horas antes de que el caso Morales se hiciera público, lo que ha generado sospechas sobre posibles conexiones entre ambos eventos.
Este mismo día, padres de familia de la escuela donde estudiaba la niña de 8 años denunciaron un intento de secuestro, pero la investigación no avanzó en su momento. Posteriormente, Emeterio Vargas, padre de Sarai, fue detenido y en su declaración ante el Ministerio Público reveló que su nieta asistía a esa misma escuela y que su hija la había tenido cuando era menor de edad.
En una conferencia de prensa, la diputada Luciana Campero expresó su preocupación por la seguridad de Vargas Pozo y su hija, afirmando que existe la posibilidad de que estén retenidas en el Chapare, zona controlada por simpatizantes del expresidente Morales. A
ctualmente, el acceso policial a la región está limitado debido a un bloqueo indefinido organizado por seguidores de Morales, lo que complica la búsqueda.
La desaparición de Vargas Pozo y su hija ocurre en un contexto delicado, ya que el caso de trata en el que está involucrado el expresidente ha puesto en jaque a varios sectores del país. La investigación sobre este delito se centra en las acusaciones de que Morales habría procreado a la niña cuando Vargas era aún menor de edad, en una relación que ahora enfrenta el escrutinio judicial y público.
Las autoridades han activado todos los protocolos de búsqueda, mientras la presión por esclarecer el paradero de las desaparecidas crece. La situación pone en evidencia la compleja relación entre la política y la justicia en Bolivia, donde el caso ha desencadenado debates sobre la impunidad y la protección a víctimas en el país.
