LA PAZ, 22 jul (El Libre Observador) – En Bolivia, donde el encarecimiento de los alimentos ha encendido las alarmas sociales y políticas, el Gobierno aseguró este martes que la situación está bajo control. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, ha descartado que la seguridad alimentaria esté en riesgo, pese a las tensiones que atraviesa el país por la falta de dólares, los problemas de suministro de diésel y los fenómenos climáticos que afectan la producción agrícola.
La advertencia no es menor: en los últimos meses, los precios del pollo, el arroz y la carne han aumentado de forma sostenida, alimentando la percepción de una posible crisis en un país que ha sido históricamente autosuficiente en la producción de granos y hortalizas.
“El pueblo debe saber que la seguridad alimentaria de nuestro país no está en riesgo. Tenemos alimento suficiente y políticas para estabilizar el mercado”, afirmó Flores, en declaraciones que buscan calmar un clima de inquietud ciudadana y frenar las críticas de sectores opositores que acusan al Ejecutivo de mala gestión económica.
La coyuntura llega en un momento especialmente delicado. Bolivia atraviesa una desaceleración económica con un crecimiento inferior al 3% y una inflación contenida, pero con fuerte presión sobre los alimentos.
La escasez de divisas, que ha encarecido las importaciones, y las dificultades para garantizar combustible al sector productivo —el Gobierno estima que aún debe entregar 20 millones de litros de diésel a agricultores antes de octubre— han amplificado el malestar social, especialmente en zonas rurales y mercados urbanos.
Flores argumenta que el país cuenta este año con producción récord en varios rubros estratégicos: 26% más maíz, 38% más arroz, 27% más soya y 17% más hortalizas respecto a los últimos años. Desde 2021, Bolivia no ha necesitado importar tomates, cebollas ni zanahorias, un hito que el Gobierno utiliza como prueba de fortaleza agrícola.
Sin embargo, reconoce que la especulación y el contrabando están distorsionando los precios que llegan a los consumidores.
La administración de Luis Arce intenta conjurar las presiones con medidas de corto y largo plazo. Dos decretos recientes eliminan aranceles a insumos avícolas —incluidos pollitos bebé y vacunas— y abren créditos blandos por 22 millones de bolivianos para pequeños productores de pollo y huevo, con el objetivo de abaratar el costo final al consumidor.
Además, se han aprobado planes de inversión por más de 650 millones de bolivianos para garantizar la expansión de la producción de arroz, maíz y soya hasta 2030.
El debate sobre la seguridad alimentaria se produce en un contexto político tenso, marcado por protestas, bloqueos y un clima electoral enrarecido de cara a las elecciones de agosto.
Para los analistas, la narrativa del Gobierno busca reforzar un mensaje de estabilidad en un año en el que el MAS, el partido oficialista, llega fragmentado a las urnas y enfrenta cuestionamientos por la gestión económica. La estabilidad de los precios y el acceso a alimentos se han convertido en un tema de campaña tanto para el oficialismo como para la oposición, que responsabiliza al Ejecutivo por el desabastecimiento de diésel y la falta de divisas.
Flores, sin embargo, insiste en que el país está preparado para enfrentar la coyuntura. “La producción está garantizada. Lo que necesitamos ahora es control y coordinación para que el esfuerzo de los productores no se pierda en la cadena comercial”, dijo.
Las próximas semanas serán clave para saber si las medidas del Gobierno logran calmar un mercado tensionado y si Bolivia puede sostener su histórica autosuficiencia alimentaria en medio de un clima político cada vez más agitado.
