LA PAZ, 24 sep (El Libre Observador) – El exprocurador del Estado boliviano, Wilfredo Chávez, enfrenta una grave denuncia penal por presuntos actos de corrupción durante su gestión. La Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público, señalando la firma de diez contratos irregulares entre 2021 y 2023.
Según el actual procurador, César Siles, los hechos incluyen la contratación de consorcios de abogados nacionales e internacionales que cobraban sumas exorbitantes por tareas tan básicas como enviar mensajes de WhatsApp.
«Estamos hablando de una denuncia formal por delitos de corrupción contra la exmáxima autoridad de esta institución y otros servidores públicos», afirmó este martes Siles en una conferencia de prensa.
Entre los hechos más preocupantes mencionados por la autoridad está el cobro por cada minuto de llamadas telefónicas y por el envío de mensajes a través de la aplicación WhatsApp. «Resultados para la Procuraduría: ninguno. Resultados o beneficios para el Estado: ninguno», sentenció.
La denuncia subraya un caso insólito de privatización de los servicios legales estatales. Siles criticó que, pese a contar con un equipo interno de 170 abogados entre los 200 funcionarios de la Procuraduría, se haya recurrido a abogados externos, nacionales y extranjeros, con una erogación millonaria para defender los intereses del Estado.
Entre los aspectos más cuestionados, se encuentra la contratación de peritos y abogados en materia de Derechos Humanos, en casos donde el personal de la Procuraduría podía haber asumido esas tareas sin necesidad de gastos adicionales.
Entre 2021 y 2023, la Procuraduría destinó 93 millones de bolivianos al pago de consorcios legales externos, una cifra que ha levantado fuertes cuestionamientos. Según Siles, esta tercerización de la defensa del Estado no solo era innecesaria, sino que ha dejado al descubierto una red de abusos que afectaron directamente los recursos públicos.
La investigación apunta a que el consorcio legal contratado facturaba no solo por asesorías, sino incluso por servicios rutinarios como llamadas y mensajes.
Siles también destacó que este tipo de contratos, en su mayoría con bufetes internacionales, plantean interrogantes sobre la verdadera necesidad de contar con expertos foráneos en temas donde Bolivia cuenta con capacidad legal interna. La Procuraduría ya ha solicitado la asignación de un fiscal para investigar las responsabilidades y juzgar los presuntos delitos de corrupción.
Este escándalo reaviva las tensiones en el entorno del expresidente Evo Morales, pues Wilfredo Chávez, además de su rol como procurador, es conocido por ser su abogado personal. Las acusaciones llegan en un momento delicado, cuando el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), enfrenta divisiones internas y crecientes presiones políticas, tanto dentro como fuera del gobierno del presidente Luis Arce.
A medida que la investigación avance, se espera que salgan a la luz más detalles sobre los presuntos tratos irregulares que podrían tener implicaciones profundas para el manejo de los recursos públicos y la transparencia en la administración de justicia en Bolivia.
