LA PAZ, 30 jun (El Libre Observador) — En un escenario regional sacudido por la volatilidad global y el deterioro fiscal, Bolivia parece ofrecer un dato que contrasta con las alarmas internacionales con el pago puntual de su deuda externa durante los últimos años, incluso en medio de un bloqueo político que mantiene congelado más de 1.800 millones de dólares en créditos externos.
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, fue enfático este lunes al señalar que el país no ha incurrido en mora en ninguna de sus obligaciones internacionales desde el inicio del mandato del presidente Luis Arce, a fines de 2020. “A lo largo de todos estos años, con el bloqueo que nos ha generado la Asamblea Legislativa, hemos venido cumpliendo sin ninguna dificultad todo el servicio de la deuda externa”, afirmó.
Los datos respaldan sus palabras. Según cifras del Ministerio de Economía, Bolivia desembolsó 1.810 millones de dólares por servicio de deuda en 2022, 1.491 millones en 2023 y otros 1.526 millones en lo que va de 2024. En total, más de 4.800 millones en tres años, sin retrasos ni reprogramaciones.
La deuda externa del país se mantiene estable en torno a los 13.450 millones de dólares, el equivalente al 24% del Producto Interno Bruto, un nivel considerado manejable. Sin embargo, los desafíos estructurales se acumulan: una caída sostenida de los ingresos por exportación de gas, el incremento del gasto público por subsidios energéticos y un descenso crítico de las reservas internacionales.
Frente a estos indicadores, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) decidió a mediados de mes rebajar la nota soberana de Bolivia de CCC+ a CCC-, con perspectiva negativa. En su informe, la agencia advirtió que el estancamiento político y la parálisis del Legislativo impiden al Gobierno asegurar nuevas fuentes de financiamiento externo, lo que comprometería su capacidad para sostener la estabilidad macroeconómica.
Rojas respondió con dureza. “Estas calificadoras muchas veces no conocen la realidad del país. Hacen comentarios poco objetivos, casi siempre negativos, generando más incertidumbre de la necesaria”, afirmó. Para el funcionario, las evaluaciones internacionales ignoran la capacidad real de Bolivia de cumplir sus compromisos y generar soluciones internas, incluso en contextos adversos.
La crítica apunta a una grieta creciente entre los actores financieros internacionales y la narrativa oficial.
Mientras desde el Gobierno se defiende la solvencia y la disciplina fiscal, en los mercados se perciben señales de agotamiento: la caída de reservas limita la capacidad de intervención del Banco Central, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo supera los 100%, y persisten problemas de liquidez en sectores clave como los combustibles y las importaciones.
Pese a ello, la viceministra del Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, sostuvo recientemente que Bolivia mantiene buena reputación ante organismos multilaterales y países cooperantes, y tiene margen para asumir nuevos créditos. La confianza —dijo— sigue intacta, aunque los recursos no fluyen por el bloqueo político en la Asamblea Legislativa, dominada por facciones opositoras y disidentes del oficialismo.
A corto plazo, el cumplimiento de la deuda es una señal que el Ejecutivo busca destacar. A mediano, sin embargo, los analistas advierten que sin una solución institucional que permita destrabar el financiamiento externo, la resiliencia fiscal podría debilitarse.
Bolivia sigue pagando, pero en el contexto actual eso no basta: la pregunta ya no es si puede seguir cumpliendo, sino hasta cuándo podrá hacerlo sin reformas estructurales, sin divisas frescas y sin acuerdos políticos internos que permitan reactivar el flujo de recursos externos. El reloj económico sigue corriendo, y el margen de maniobra se achica.
