LA PAZ, 15 jul (El Libre Observador) – Las esperanzas de avanzar en el proceso de elecciones judiciales en Bolivia se desvanecieron este lunes, cuando el diálogo bicameral y tripartito con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, fracasó este lunes nuevamente.
Los senadores Henry Montero y Guillermo Seoane confirmaron que la principal razón del fracaso fue la cesación de funciones de los magistrados «autoprorrogados».
“El primer requisito para que estas elecciones continúen es que los autoprorrogados deben irse a su casa. El ‘jilata’, David Choquehuanca, debe promulgar la ley de cesación de los autoprorrogados. Además, necesitamos una decisión política clara que asegure que las elecciones seguirán por vías democráticas”, expresó Seoane.
El senador Montero también se pronunció de manera tajante, solicitando a los magistrados «autoprorrogados» que cesen en sus funciones y dejen de paralizar el proceso con amparos y sentencias. “No más amparos, no más sentencias. Nosotros no los vamos a molestar con la 075 (de cesación de funciones). Ya estamos grandes para propuestas indecentes”, lanzó Montero.
Choquehuanca propuso continuar con el proceso bajo la Constitución Política del Estado, pero Montero rechazó la oferta, insistiendo en que cualquier proceso debe estar avalado por la Constitución y no por decisiones políticas individuales. “Es la Constitución la que debe guiar cualquier proceso, y seguiremos insistiendo en la promulgación de la 075”, afirmó Montero.
Por su parte, Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, quien también participó en el encuentro, declaró que los magistrados “autoprorrogados” ya no tienen prerrogativas desde enero de este año. “Las elecciones judiciales están en manos del Ejecutivo Nacional, solo falta promulgar la 075”, añadió.
Rodríguez anunció que las comisiones continuarán convocando a sesiones para que en un plazo de 10 a 15 días se remita la nómina de postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, permitiendo así que el pueblo decida sobre los nuevos magistrados. “Debe continuar la sesión contra viento y marea. No puede ser que el derecho de un ciudadano perjudique la selección del resto”, aseveró.
La semana pasada, tras un acuerdo político en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para suprimir las elecciones primarias y garantizar las judiciales, el vicepresidente Choquehuanca había convocado a las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento a una reunión para desbloquear el proceso de preselección de postulantes.
Sin embargo, la suspensión judicial del proceso ha resultado en sanciones para los legisladores que insisten en continuar con la preselección, incluyendo multas diarias de Bs 5.000 y el congelamiento de sus cuentas.
El fracaso del diálogo bicameral y las sanciones judiciales añaden una capa adicional de incertidumbre al panorama político boliviano, mientras el país se enfrenta a una profunda crisis institucional.
